EL PROCESO PENAL A LEOPOLDO LÓPEZ

Acusación sin medida

El líder de Voluntad Popular podría permanecer detenido por lo menos hasta que concluya el juicio.
López se entregó el 18 de febrero y fue imputado el viernes. Podría enfrentar 13 años de cárcel. XINHUA/Boris Vergara. López se entregó el 18 de febrero y fue imputado el viernes. Podría enfrentar 13 años de cárcel. XINHUA/Boris Vergara.
López se entregó el 18 de febrero y fue imputado el viernes. Podría enfrentar 13 años de cárcel. XINHUA/Boris Vergara.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega, informó que el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López fue formalmente acusado de los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador (autor intelectual), incendio en grado de determinador y asociación para delinquir en relación con los hechos de violencia ocurridos al final de la marcha opositora del 12 de febrero pasado.

El último de los cuatro delitos está establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y, como es sancionado con prisión de entre 6 y 10 años, impide que el líder opositor obtenga libertad condicional.

El jurista Alberto Arteaga Sánchez considera que la Fiscalía utilizó la asociación para delinquir (en vez de agavillamiento) de manera fraudulenta: “El artificio ha sido empleado para mantener tras las rejas a todo aquel que el Gobierno considere molestoso”, dijo.

Arteaga recordó que a partir de 2012, cuando entró en vigencia la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, todos los delitos con penas inferiores a ocho años de cárcel deben ser juzgados en libertad. Una de las motivaciones era contribuir con el deshacinamiento de las cárceles.

Sin embargo, asegura que el oficialismo usa la Fiscalía y los tribunales con la lógica del derecho penal del enemigo, por lo cual ha echado mano de la Ley contra la Delincuencia Organizada, “aunque ello implique una perversión del principio de legalidad”.

El artículo 250 del código procesal justifica la privación de libertad cuando exista peligro de fuga o de obstaculización del proceso.

El peligro de fuga, desarrollado en el artículo 251, indica que se debe valorar el arraigo en el país y la voluntad del imputado de someterse a las decisiones fiscales y judiciales. Aunque el fiscal lo presuma, el juez de control puede desestimarlo.

Para Arteaga está claro que López pudo haberse ido del país, pero prefirió enfrentar, de modo que, en su opinión, debería proceder el juicio en libertad.

No obstante, la coincidencia de la imputación inicial, la sentencia de la Corte de Apelaciones y la acusación formal constituyen un mal pronóstico para el dirigente, que podría estar preso al menos hasta que concluya la etapa de juicio.

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