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Alerta por reformas al sistema judicial

Empleados judiciales anuncian huelga mientras la oposición convoca a protestas y los medios manifiestan preocupación.
REFORMAS. Cristina Fernández de Kirchner abrió otro frente, esta vez en el sistema judicial. XINHUA REFORMAS. Cristina Fernández de Kirchner abrió otro frente, esta vez en el sistema judicial. XINHUA
REFORMAS. Cristina Fernández de Kirchner abrió otro frente, esta vez en el sistema judicial. XINHUA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó “su profunda preocupación” por los proyectos de reforma de la justicia impulsados por el gobierno, que consideró “amenazan la independencia del Poder Judicial”.

“Si se vulnera ese principio central del régimen republicano, la sociedad en su conjunto, todos los ciudadanos, perderemos uno de los resortes básicos para defender nuestros derechos. Y la prensa, en particular, verá aún más comprometida la libertad que le permite cumplir con el rol esencial que tiene dentro de toda democracia”, apuntó Adepa en un comunicado que difundió en la noche del sábado.

Los empleados judiciales de Argentina anunciaron la víspera una huelga nacional de 72 horas a partir del próximo miércoles, en rechazo de proyecto. La huelga empezará ese día por la mañana con una movilización al Palacio de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, opositores impulsan a través de las redes sociales la convocatoria a una nueva protesta ciudadana contra el Gobierno nacional para el próximo jueves 18, denominada 18-A, a través de un cacerolazo.

Las tres iniciativas que abarcan la ampliación de 13 a 19 miembros del Consejo de la Magistratura y su elección popular, la creación de tres cámaras de Casación en los fueros Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo y la limitación de medidas cautelares ya recibieron en un trámite veloz dictamen de comisión en el Senado y serían votados en el pleno la semana próxima.

A la Cámara baja fueron girados otros tres proyectos, que se centran en la reforma del sistema de concursos para el ingreso al Poder Judicial, la publicación de las resoluciones de la Corte Suprema, de las causas y de las declaraciones juradas de los funcionarios.

Daniel Fernández, uno de los editores jefes del diario Clarín de Argentina, dijo en una entrevista telefónica que estas propuestas del gobierno implican que “la justicia pasará a tener mayor dependencia del gobierno”, y es muy probable que se aprueben, agregó, porque el oficialismo tiene mayoría en el Senado y el Congreso.

Fernández explicó que el gobierno pretende, por ejemplo, limitar el tiempo de las medidas cautelares para que, en caso de que la Justicia no se pronuncie, el Ejecutivo pueda tomar una decisión al cabo de seis meses.

En cuanto a la elección popular del Consejo de la Magistratura, recalcó que actualmente sus integrantes son elegidos por los colegios u organizaciones civiles, y si se les elige popularmente, la Justicia perdería su papel de contrapoder.

La oposición del país sudamericano teme que con esta fórmula la presidenta Cristina Fernández de Kirchner busque la contratación de jueces adeptos, con el consabido riesgo de impunidad.

Entretanto, el abogado constitucionalista Roberto Boico consideró “saludable” el proyecto de ley que limita la duración de las medidas cautelares en las causas en las cuales el Estado es parte, porque “intenta que los procesos judiciales sean decididos en tiempo oportuno y razonable”.

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