ARGENTINA

Aprueban reforma judicial

El oficialista Jorge Yoma declaró: ´Es una de las leyes más indignas que votó el Congreso en 30 años de democracia´.
RESISTENCIA. La controversia por las modificaciones que impulsa el gobierno de Cristina Fernández se manifestaba dentro y fuera de la sede del Congreso. AP/Natacha Pisarenko RESISTENCIA. La controversia por las modificaciones que impulsa el gobierno de Cristina Fernández se manifestaba dentro y fuera de la sede del Congreso. AP/Natacha Pisarenko
RESISTENCIA. La controversia por las modificaciones que impulsa el gobierno de Cristina Fernández se manifestaba dentro y fuera de la sede del Congreso. AP/Natacha Pisarenko

La Cámara de Diputados de Argentina convirtió la madrugada del jueves en ley una parte de la polémica reforma del Poder Judicial que según la oposición vulnera la independencia de la justicia y garantiza al gobierno la impunidad.

En una larga sesión salpicada por los duros cruces verbales entre la oposición y el oficialismo, los legisladores aprobaron la creación de tres nuevas Cámaras de Casación (Contencioso Administrativo, en Trabajo y Seguridad Social y en lo Civil y Comercial) y la limitación de las medidas cautelares contra el Estado, muy resistida por un amplio abanico de opositores y grupos civiles.

La presidenta Cristina Fernández sostiene que la reforma busca transparentar el sistema de justicia y eliminar lo que a su entender son camarillas de magistrados que protegen sus intereses. La mandataria indicó días atrás que algunos sectores de la justicia son extremadamente lentos a la hora de dictar sentencias y que defienden los intereses de empresas y corporaciones en contra del Estado.

La propuesta que limita el período de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado fue retocada recientemente por el oficialismo, porque según organizaciones civiles incurría en la inconstitucionalidad. Se amplió a “sectores socialmente vulnerables” la posibilidad de que un juez pueda otorgar una medida cautelar antes de tener el punto de vista estatal.

Sin embargo, opositores y analistas advirtieron que dichos cambios son insuficientes para garantizar la tutela judicial de los distintos sectores sociales frente al poderío gubernamental. Afirman que viola principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

El texto aprobado señala que la medida cautelar dictada contra el Estado “solo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria y cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”.

Otro punto es el que afirma que los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que “afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado ni imponer a funcionarios cargas personales pecuniarias”.

Los críticos de la propuesta señalan que esta última responde a la batalla judicial que mantiene el gobierno con el multimedios Clarín, que logró frenar con medidas cautelares la aplicación de algunos aspectos de la ley de medios de 2009 que lo obligaba a desinvertir en el mercado audiovisual. Días atrás una cámara de alzada falló a favor del grupo periodístico para que mantenga su negocio de la televisión por cable, una de sus principales fuentes de financiación, medida apelada por el Ejecutivo ante la Corte Suprema.

El oficialismo también logró que se aprobara una serie de modificaciones a la controvertida propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y remueve a los magistrados. A raíz de esos cambios, la iniciativa, que fue rechazada por casi una decena de diputados del partido gobernante y aliados, volverá al Senado para su votación.

De los 13 miembros actuales dicho órgano pasaría a tener 19 que serían elegidos por voto popular teniendo en cuenta el peso de las mayorías y minorías electorales.

Según las críticas de analistas, el proyecto busca que el partido que gane las elecciones se asegure la mayoría de los miembros del Consejo o una suerte de mayoría automática de al menos 10 o más de los integrantes del órgano.

La iniciativa también modifica las mayorías para tomar algunas decisiones en el seno del Consejo. Hoy se exige el voto de los dos tercios y en un futuro exigiría la mayoría absoluta (50% + 1) de los miembros.

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