PROCESAMIENTO POR ESPIONAJE

En Argentina cesan a jefe de la Armada

La investigación se abrió tras una denuncia del CELS sobre actividades de inteligencia interna en una base del sur del país.

El jefe de la Armada argentina, el almirante Jorge Godoy, fue cesado en su cargo luego de ser procesado por un juez federal por presuntas actividades de espionaje a dirigentes políticos, sociales y organizaciones de derechos humanos, informaron ayer fuentes oficiales.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, aceptó la solicitud de “pase a retiro voluntario” de Godoy, “relevándolo de las funciones de jefe del Estado Mayor General de la Armada”, según establece una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En reemplazo de Godoy, la mandataria designó al vicealmirante Carlos Alberto Paz, hasta este miércoles subjefe de la fuerza.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a Godoy y al subjefe de la Armada durante el período 2003 a 2006, el vicealmirante Benito Rótolo, en el marco de la investigación abierta por “espionaje interno” a “dirigentes sociales y políticos y que apuntaban también al seguimiento de actividades de organismos de derechos humanos”, informó el pasado martes el Centro de Información Judicial.

El magistrado consideró probado que Godoy y Rótolo “controlaban el aparato de inteligencia de la Armada Argentina y tenían conocimiento de que desde allí se llevaban a cabo, de forma sistemática y permanente, incluso desde antes de asumir ambos el comando de la fuerza, prácticas de inteligencia interna”, continuó la fuente.

Rafecas pidió además que se investigue la desaparición de “partes de información” y “otras pruebas documentales comprometedoras”.

La investigación se abrió tras una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre actividades de inteligencia interna en una base de la armada ubicada en Trelew, provincia de Chubut (sur).

Entre esas actividades, los denunciantes se refirieron al seguimiento de actos organizados por grupos de derechos humanos y semblanzas de altos funcionarios, incluida la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Por otra parte, diputados opositores de Argentina presentarán ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe para mostrar que, a su juicio, la “libertad de expresión” está en “peligro” en el país, tras la intervención judicial de una operadora de televisión por cable del grupo Clarín, indicó ayer el diario de ese mismo nombre.

Un grupo de legisladores del radicalismo, de la conservadora Propuesta Republicana y del peronismo disidente, enviará el escrito a la OEA y denunciará al juez que ordenó la intervención de la operadora Cablevisión ante el organismo encargado de la selección y destitución de magistrados.

También pedirá a la Corte Suprema de Justicia que “garantice y preserve el estado de derecho”, precisó el periódico Clarín.

Las medidas fueron resueltas durante una reunión desarrollada este miércoles en el Parlamento, de la que participaron ocho diputados y ejecutivos del mayor grupo multimedia de Argentina.

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