APLAUDEN DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL ESPAÑOLA

Buscan justicia para jesuitas

Seis sacerdotes y dos colaboradoras fueron ejecutados por militares en El Salvador en 1989. Nadie ha sido condenado.
Estudiantes sostienen retratos de los sacerdotes, en un acto por el 21 aniversario de su ejecución. AP/Archivo. Estudiantes sostienen retratos de los sacerdotes, en un acto por el 21 aniversario de su ejecución. AP/Archivo.
Estudiantes sostienen retratos de los sacerdotes, en un acto por el 21 aniversario de su ejecución. AP/Archivo.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) calificó como algo positivo el anuncio de la Audiencia Nacional de España de que el juez Eloy Velasco tiene la potestad de seguir investigando el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, ejecutados por militares salvadoreños en noviembre de 1989.

“Es un delito de lesa humanidad y abre la posibilidad de conocer la verdad”, dijo Luis Monterrosa, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, donde los sacerdotes asesinados integraban la dirección del plantel.

Monterrosa reiteró que la UCA siempre ha estado dispuesta a perdonar a los asesinos materiales e intelectuales de los sacerdotes, pero señaló que antes hay que conocer la verdad. “La gente en general está dispuesta a perdonar, pero tenemos que saber a quién vamos a perdonar y sobre todo de cara al país, y tiene que haber acceso a la verdad”, manifestó.

De acuerdo con la decisión judicial, España puede conocer, investigar y juzgar en los casos en que las víctimas sean españolas.

Monterrosa dijo que con la decisión esperan saber quién ordenó a los militares asesinar a los jesuitas, pero dijo que lo más importante es “la garantía de que casos como este no se van a repetir”. “Necesitamos que la sociedad tenga la garantía de que nunca más el ejército, ni ninguna otra fuerza político-militar se va a poner por encima del estado de derecho”, remarcó.

El director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CIDHES), Miguel Montenegro, también aplaudió la decisión de España. “Es un placer escuchar que la justicia española ha buscado los mecanismos apropiados para lograr juzgar a aquellos que cometieron un crimen tan horrendo”, señaló.

En El Salvador no hay proceso contra los oficiales debido a que fueron beneficiados por una ley general de amnistía decretada en 1993 y que incluía a militares y guerrilleros que participaron en la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y nunca se investigó a quienes habrían ordenado la matanza.

Monterrosa criticó también que uno de los militares supuestamente involucrados en el crimen, el general Juan Orlando Zepeda, se está postulando para diputado a la Asamblea Legislativa.

La matanza fue perpetrada en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 durante una ofensiva guerrillera. Los sacerdotes jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa donde vivían, dentro del campus universitario.

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