CIDH pide cierre de centros de detención

Felipe González Tomado de la CIDH. Felipe González Tomado de la CIDH.
Felipe González Tomado de la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer al Gobierno de Estados Unidos (EU) el cierre de los centros de detención para inmigrantes tras una visita de cuatro días a la frontera con México para evaluar la situación de las familias y niños provenientes de Centroamérica.

EU tiene actualmente tres centros de detención de familias gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ubicados en Karnes City (Texas), Artesia (Nuevo México) y Leesport (Pensilvania).

El ICE, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, anunció recientemente la apertura de un nuevo centro en Dilley (Texas) con capacidad para 2 mil 400 personas, por lo que los cuatro centros podrían albergar a cerca de 4 mil inmigrantes indocumentados.

El vicepresidente segundo de la CIDH, Felipe González, quien visitó el sur de Texas, alertó que la apertura de estos centros es un “retroceso” en la política migratoria de EU y “una respuesta inadecuada” a la crisis humanitaria, ya que la detención de inmigrantes, en especial de niños, vulnera los derechos humanos básicos.

Desde 2009, con el emblemático cierre del T. Don Hutto, un antiguo presidio en Texas, no hubo centros de detención para familias inmigrantes, pero la oleada de los últimos meses provocó la decisión del Gobierno de volver a utilizar instalaciones de este tipo con el objetivo de disuadir nuevas llegadas.

Según datos oficiales, más de 66 mil menores de edad no acompañados y un número similar de personas en unidades familiares han cruzado la frontera sur de EU huyendo de la violencia y la pobreza en sus países, principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras.

“La detención de personas migrantes tiene que ser la excepción y no la regla”, dijo González, quien lamentó que en EU esta práctica está “muy extendida”.

Además, el vicepresidente segundo de la CIDH alertó que la reapertura de estos centros de detención, que en su opinión son “una respuesta inadecuada para una emergencia”, puede convertirse en “una política permanente” del Gobierno una vez superado el máximo flujo migratorio, que sucedió antes del verano.

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