VENEZUELA ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Caso Afiuni crispa a fiscal

Mientras se discutía su caso en Ginebra, la exjueza asistió a su juicio en Caracas y narró la tortura y abuso que sufrió.
María Lourdes Afiuni (c), recién liberada de su encarcelamiento domiciliario, es puesta en libertad condicional y sale de su vivienda.EFE María Lourdes Afiuni (c), recién liberada de su encarcelamiento domiciliario, es puesta en libertad condicional y sale de su vivienda.EFE
María Lourdes Afiuni (c), recién liberada de su encarcelamiento domiciliario, es puesta en libertad condicional y sale de su vivienda.EFE

El caso de la jueza María Lourdes Afiuni y los supuestos malos tratos que sufrió en prisión enfrentaron ayer a la delegación venezolana que compareció a la segunda sesión ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU con los comisionados.

Durante su intervención, el experto Nigel Rodley criticó“la clara negación de la jefa de la delegación sobre los malos tratos sufridos por la juez”. “Me parece que este comportamiento no es consistente con el cargo de fiscal general ni con las normas de la ONU”, agregó Rodley.

El experto se refería a los comentarios de la fiscal general de Venezuela, y jefa de la delegación, Luisa Ortega Díaz, quien negó que Afiuni hubiera padecido abusos cuando estuvo en prisión.

Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico del gobierno que ya había cumplido prisión preventiva. Fue acusada después de que el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) la llamó“bandida” y pidió para ella la máxima pena de prisión.

Hoy sigue sometida a medidas restrictivas de libertad, situación que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por los órganos de la ONU.

“Ella misma, a través de sus abogados, confirmó ayer, que sufrió abusos psicológicos y físicos, incluido violación y asalto sexual, estoy sorprendido porque la delegación lo niegue”, agregó Rodley.

Cuando fue el turno de respuesta, Ortega lamentó“el modo en el que algunos miembros han abordado el diálogo” y acusó al Comité de “ser un tribunal”. “Lamentamos que este foro se convierta en un espacio para difundir sus verdades subjetivas, muchas de ellas falsedades o sustentadas en información no válida”, acusó Ortega.

Dicho esto, la fiscal indicó que la juez fue “procesada por corrupción, abuso de autoridad, y fomento a la evasión”, e insistió en que en Venezuela se respetan los derechos humanos.

Ante esta acusación, el presidente del Comité, Favián Omar Salvioli, tuvo que intervenir y recordar que los miembros del Comité tienen el mismo respeto por Venezuela que por el resto de países que se someten a su escrutinio. “Tal vez como hace 15 años que no participan en el examen han perdido la habitualidad de cómo es el diálogo con todos los países”, afirmó Salvioli.

Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciando las irregularidades del caso y las nefastas repercusiones que generó.

El experto Konstantine Vardzekashivi denunció la alta tasa de eventualidad entre fiscales y jueces, lo que hace cuestionarse sobre su independencia.

Por otra parte, el experto Yuval Shany pidió explicaciones sobre la libertad de expresión, sobre la norma que permite retirar concesiones de radio y televisión bajo el argumento de que las emisiones son contrarias al interés público, y sobre la multa a Globovisión.

El encargado de responder fue el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, quien dijo que la multa a Globovisión estuvo justificada por su “manipulación de la realidad”, y que este era el único caso en que se ha impuesto una multa a un medio de los 26 expedientes abiertos en la última década. “En Venezuela nunca antes ha habido tanta libertad de expresión”, concluyó.

Tras acusaciones de parcialidad y politización del Comité, Salvioli tuvo que intervenir de nuevo y dijo “que de ninguna manera este Comité está politizado ni nada que se le parezca”.

Por su parte, Olivier de Frouville indicó: “Si se nos acusa de complot al Comité, no quiero pensar lo que les pasa a los nacionales que critican al Gobierno”.

A la ONU también llegó Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien pidió en Naciones Unidas la liberación de los 75 presos políticos que, a su juicio, hay en Venezuela.

Tras intervenir en el Consejo, participó como miembro del público de la sesión del Comité. Vestía una camiseta con los nombres de los políticos presos y de los estudiantes que murieron durante las protestas de 2014.

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