CRISIS EDUCATIVA

Clases se normalizan en Chile

Los estudiantes se vieron forzados a deponer las huelgas por la amenaza del Gobierno de paralizar la entrega de recursos a las universidades.

Con la aprobación en el Congreso del presupuesto para la educación y la reanudación de las actividades académicas, el prolongado conflicto estudiantil chileno ha quedado prácticamente superado como pretendía el Gobierno, pero las profundas diferencias se mantienen y los jóvenes continuarán sus protestas.

Tras fracasar el diálogo entre el Gobierno y los dirigentes estudiantiles, el litigio se trasladó al Congreso, donde este mes las discusiones estuvieron centradas en la aprobación del presupuesto propuesto por el Ejecutivo para 2012 de 11 mil 500 millones de dólares.

El presupuesto se aprobó finalmente tras maratónicas sesiones en ambas cámaras, y solo restan algunos trámites para quede en condiciones de ser promulgado como ley antes de la fecha límite el 30 de noviembre.

En la Cámara de Diputados la iniciativa fue rechazada, mientras que en el Senado la oposición centroizquierdista se ausentó de la votación y permitió su aprobación solo por la minoría oficialista.

El Gobierno finalmente concedió un aumento adicional de unos 400 millones de dólares, con lo que los gastos en educación el año entrante quedaron en casi 12 mil millones de dólares.

La oposición, sin embargo, demandaba mil millones adicionales para un mayor avance en la gratuidad, una de las demandas más sentidas por los estudiantes junto al término del lucro en los establecimientos que reciben aportes estatales.

El presidente de los estudiantes de la Universidad Católica y uno de los dos voceros estudiantiles, Giorgio Jackson, se retiró el viernes durante la sesión del Senado descontento por lo que consideró una intransigencia del Gobierno.

Desde la semana anterior en la mayoría de las 25 principales universidades del país que estuvieron involucradas en las paralizaciones y tomas, las actividades comenzaron a reanudarse.

Los estudiantes se vieron forzados a deponer las huelgas por la amenaza del Gobierno de paralizar la entrega de recursos para el funcionamiento de las universidades y de que perdieran las becas los jóvenes que gozan de ellas.

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