POLICÍA FEDERAL MEXICANA

Comisión acredita uso excesivo de la fuerza

La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la Procuraduría investigar el hecho y reparar los daños.
Manifestantes se enfrentan a la policía federal durante un desalojo a maestros que protestaban contra las reformas educativas en 2013. XINHUA/Archivo. Manifestantes se enfrentan a la policía federal durante un desalojo a maestros que protestaban contra las reformas educativas en 2013. XINHUA/Archivo.
Manifestantes se enfrentan a la policía federal durante un desalojo a maestros que protestaban contra las reformas educativas en 2013. XINHUA/Archivo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía federal mexicana en un ataque en el norte del país en el que los agentes mataron a una mujer e hirieron a una niña de tres años.

Así lo indicó este organismo ayer, en un comunicado en el que también dio a conocer su recomendación a la Procuraduría General de la República para que investigue el suceso, petición que la fiscalía ya ha aceptado.

Los hechos tuvieron lugar el 28 de abril de 2012 cuando un matrimonio con sus dos hijas de tres y cuatro años viajaba en coche por la ciudad de Saltillo, en el estado fronterizo de Coahuila.

La CNDH indicó que dos patrullas con elementos de la policía federal siguieron al vehículo familiar, pidieron que se detuviera y le dispararon. La mujer, que iba en el asiento del copiloto, murió, y una de las niñas, la de tres años, “perdió el ojo derecho por estallido ocular debido a proyectil de arma de fuego”. En el suceso también fue herida una persona que transitaba por el lugar.

Según el reporte de la Comisión, los policías bajaron al conductor del coche y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Este despertó ocho días después en un hospital en calidad de detenido.

Por todos estos motivos, el organismo considera acreditado que los policías transgredieron “los derechos a la seguridad jurídica, la legalidad, la integridad y la seguridad personal de las víctimas” y que hubo una “inadecuada procuración de la justicia” por parte de la Procuraduría General.

La institución, que tardó más de dos años en pronunciarse, pide a la fiscalía que investigue los hechos y al gobierno federal que se reparen los daños ocasionados y se brinde atención médica y psicológica a los sobrevivientes.

El uso excesivo de la fuerza no es algo nuevo en México ni se limita al gobierno anterior (2006-2012), el cual lanzó una guerra frontal al crimen organizado que supuso el despliegue de miles de militares y policías federales en amplias zonas del país. Según un informe de junio de 2014 del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, en México no se han rendido cuentas por violaciones a los derechos humanos en el pasado y “sigue produciéndose un número alarmante de violaciones del derecho a la vida”, que está “gravemente amenazado”.

El relator hizo entonces especial hincapié “en poner fin a la impunidad”, un “problema serio” que constituye “el talón de Aquiles del sistema actual” mexicano, y para ello recomendó disminuir la participación del ejército en tareas policiales y “establecer normas claras y ampliamente difundidas” sobre el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad.

El último caso que generó polémica en México fue la muerte a manos del ejército de 22 personas el pasado 30 de junio en la localidad San Pedro Limón, en el centro del país. Según la versión oficial, se trató de un enfrentamiento que acabó con 22 supuestos criminales abatidos, pero de acuerdo a datos recabados por AP, el suceso tenía las características de una ejecución extrajudicial, ya que no había señales de balacera cruzada y sí se observaban rastros que sugerían que las personas estaban de pie, apoyadas contra o muy cerca de la pared, y que recibieron uno o dos tiros certeros a la altura del pecho.

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