Condicionan protesta a permisos oficiales

La oposición afirma que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es inconstitucional y vulnera derechos fundamentales.
Los estudiantes, que lideran las protestas en la calle desde el 12 de febrero, no acatarán la orden.AFP/Juan Barreto. Los estudiantes, que lideran las protestas en la calle desde el 12 de febrero, no acatarán la orden.AFP/Juan Barreto.
Los estudiantes, que lideran las protestas en la calle desde el 12 de febrero, no acatarán la orden.AFP/Juan Barreto.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que los venezolanos que deseen manifestarse pacíficamente deberán pedir autorización de los gobiernos locales para evitar que las fuerzas del orden los dispersen.

Tras una interpretación constitucional, el TSJ decidió que el derecho a la protesta “no es absoluto y, por ende, admite restricciones para su ejercicio”, se lee en un comunicado. Citando una ley de partidos políticos y reuniones públicas, dijo que las personas deben “agotar el procedimiento administrativo de autorización”, o de lo contrario, se exponen a que los cuerpos policiales los dispersen.

La interpretación fue realizada a solicitud de un alcalde del Partido Socialista de Venezuela. Aunque los líderes opositores han insistido desde el inicio del conflicto que las protestas no deben requerir autorización previa, los aliados de Maduro en las alcaldías han negado permisos y prohibido, a través de equipos antimotín, la entrada a su jurisdicción de marchas opositoras.

El TSJ además establece que ante la desobediencia de la decisión de la autoridad, deberá remitir a la Fiscalía toda información de quienes presentaron la solicitud de manifestación, “a los fines de que se determine la responsabilidad penal y jurídica que pudiera generarse”.

Otra decisión presentada tarde el jueves por el TSJ, determinó que el alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, deberá evitar la obstaculización de las vías públicas en su jurisdicción, uno de los focos principales de las protestas.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que engloba la mayoría de los partidos de oposición, manifestó que la autorización administrativa requerida para ejercer el derecho a la manifestación representa una grave vulneración de las garantías democráticas.

Para la MUD, la sentencia modifica “inconstitucionalmente” el derecho de los ciudadanos en varios aspectos, entre los que destaca “un modelo de subordinación de este derecho a la previa autorización de la autoridad administrativa, y que desarrolla una visión autoritaria o represiva sobre la presencia de la ciudadanía en lugares públicos”. “Expresamos nuestro firme rechazo al franco retroceso que esta sentencia supone desde el prisma de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela”, indica la nota.

En rueda de prensa, el alcalde opositor del municipio de Baruta, Gerardo Blyde –acompañado de otros alcaldes opositores– dijo: “Al señalar la sala que se necesita una autorización ha reformado la ley y ha usurpado competencias de la Asamblea Nacional, porque la sala constitucional no tiene función de legislar”. El TSJ está “legislando algo que no necesita ninguna interpretación”, agregó.

El dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, agregó: “El Gobierno pretende nuevamente criminalizar las protestas”, lo que supone “una pérdida en los derechos de los venezolanos y una regresión de (...) derechos”.

Henrique Capriles apuntó que, incluso con esa sentencia, todos los venezolanos tienen derecho a la protesta pacífica que establece la Constitución.

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