POLÉMICA INICIATIVA DE DESPENALIZACIÓN

Congreso uruguayo debate sobre aborto

Si es validado, el texto pasará luego al Senado, donde sólo con los votos del oficialismo se transformaría en ley.

La Cámara de Diputados de Uruguay debatía ayer martes un proyecto de ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, cuestionado por grupos pro vida y considerado el “proyecto posible y no el deseable” por el oficialismo.

La iniciativa sustituye a otra, aprobada en diciembre de 2011 por el Senado, promovida por el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda), pero que fracasó por la oposición de uno de sus diputados.

Como el FA tiene una ajustada mayoría de 50 diputados (en 99) en la cámara baja, debió negociar una versión alternativa con el Partido Independiente (PI), lo que permitiría que el nuevo proyecto sea aprobado el martes, tras un debate que se prevé extenso.

Si es validado, el texto pasará luego al Senado, donde sólo con los votos del oficialismo se transformaría en ley.

El proyecto, inspirado en la legislación de países europeos, prevé que para abortar la mujer deberá entrevistarse con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo social a la maternidad o de adopción.

Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de interrumpir su embarazo se coordinará el procedimiento.

“Este proyecto opta por un camino intermedio, la senda del menor mal ante valores en conflicto y nos recuerda que la salida civilizada cuando la humanidad ha enfrentado situaciones de esta naturaleza siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados”, indicó el diputado del PI Iván Posada, promotor de la iniciativa.

El legislador manifestó su “rechazo” a la práctica del aborto, pero sostuvo que la legislación vigente, de 1938, “no ha logrado defender la vida”, ya que “ha sido ofendida y menoscabada por su incumplimiento”.

La ley de 1938 pena con de tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, de 6 a 24 meses a quien colabore con el mismo y de dos a ocho años a quien lo practique sin consentimiento de la embarazada. Aunque desde 2008 una mujer que desea interrumpir su embarazo tiene garantizado el derecho a obtener información sobre la mejor manera de hacerlo.

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