La Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión de la Verdad que investigará los abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, aunque no tendrá poder de castigar a los responsables.

El proyecto, aprobado la noche del miércoles con amplio consenso entre legisladores de la oposición y el oficialismo, aún debe ir al Senado para su votación definitiva. La comisión cuenta con el respaldo de la presidenta Dilma Rousseff, quien en su juventud militó en una guerrilla de izquierda que combatió al régimen militar y fue torturada al ser presa.

A diferencia de países como Argentina, Chile y Uruguay, en Brasil no se ha investigado los abusos de derechos humanos perpetrados por el régimen militar ni se ha castigado a los autores. “Este es un día histórico para Brasil, con la votación de este instrumento Brasil refuerza una de nuestras mayores riquezas, la democracia”, comentó la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, quien participó de las negociaciones con los diputados.

Según el texto aprobado, la comisión estará formada por siete personas designadas por la presidenta Rousseff e investigará abusos cometidos entre 1946 y 1988, un período más amplio que el del régimen castrense brasileño. Su informe debe ser entregado en un plazo de dos años. La comisión fue propuesta el año pasado como parte de un amplio plan de derechos humanos, pero inicialmente generó suspicacias entre los militares.

El alto mando castrense apoyó la creación de la comisión después de recibir garantías de que investigará los abusos cometidos tanto por los agentes del Estado como por las guerrillas de izquierda, y que no alterará la ley de amnistía, que garantiza que los responsables de las violaciones a los derechos humanos no serán procesados por la justicia.

Un estudio indicó que 475 personas fueron asesinadas o desaparecidas por agentes del régimen militar.

Además de Rousseff, varios altos dirigentes políticos sufrieron persecución durante la dictadura, incluyendo el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien estuvo preso por enfrentar al régimen como sindicalista.