Denuncian abusos en hospital psiquiátrico

Niños y mujeres pacientes de un hospital público de psiquiatría en Guatemala padecen falta de atención médica y son víctimas de explotación sexual por parte de una red de pandilleros que opera en el centro médico, denunciaron ayer viernes varias organizaciones defensoras de derechos humanos en un informe.

Según Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, órgano que encabezó la investigación del hospital público de psiquiatría Federico Mora al este de la capital, pacientes están bajo condiciones infrahumanas expuestos a abusos por parte del personal, son utilizados para la trata sexual dentro del hospital y algunos mueren de condiciones tratables por la falta de atención médica.

“Queremos alertar a las autoridades de que estos pacientes están siendo sometidos a estos abusos”, dijo Rodenas a la AP.

Agregó que también existen denuncias de que presidiarios de una cárcel aledaña entran al hospital para abusar sexualmente de pacientes. La pesquisa fue realizada a lo largo de 2012 con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Derechos para Deshabilitados Internacional (DRI, por sus siglas en inglés). Según las denuncias presentadas y testimonios recabados, los privados de libertad son pandilleros con nexos a la Mara Salvatrucha, una violenta pandilla callejera centroamericana con redes que se extienden hasta Estados Unidos. “Encontramos un clima de terror. Hasta las autoridades hospitalarias le tienen miedo a sus propios empleados”, dijo la investigadora y abogada de DRI, Sofía Galván, en un comunicado.

“Las autoridades nos dijeron que no pueden remover a abusadores porque tienen miedo de ser asesinados por pandilleros por los vínculos entre empleados y la Mara Salvatrucha”, agregó.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a que el Gobierno guatemalteco tome las medidas necesarias para proteger a los pacientes y abra una investigación oficial para esclarecer las denuncias del informe.

Francisco Urízar Pérez, director legal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, calificó la petición de medidas preventivas por parte de la Comisión Interamericana como “un gran paso adelante para poder ofrecer protección de los abusos que sufren estas personas”.

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