Expresidenta filipina, en arresto hospitalario

Arroyo sobrevivió a intentos de golpes de estado y escándalos de corrupción durante sus nueve años de gestión

El Gobierno de Filipinas dijo ayer lunes que respetará la decisión del tribunal de permitir a la expresidenta Gloria Macapagal-Arroyo que permanezca bajo arresto hospitalario, reiterando que no bloqueará ningún esfuerzo legítimo por asegurarle un tratamiento médico adecuado. El asesor político presidencial Ronald Llamas realizó estas declaraciones al ser preguntado por la decisión del Tribunal Regional de Pasay de permitir que Arroyo permanezca bajo arresto hospitalario, aunque solamente hasta el viernes.

“Nuestro interés primordial es asegurar que tiene la oportunidad de enfrentarse a los muchos cargos que se le imputan, y mientras se cumpla con este objetivo, no nos interpondremos ante ningún esfuerzo para asegurar que recibe el tratamiento médico necesario y adecuado”, dijo Llamas.

El asesor añadió que “Malacanang (el palacio presidencial) no tiene voz en la duración del arresto hospitalario de Arroyo, y que solo el tribunal puede tomar dicha decisión”.

“Dejamos la decisión de determinar si Arroyo necesita o no permanecer en el hospital al criterio del tribunal. El asunto se encuentra ahora en el tribunal, y si este determina que lo necesario es el arresto hospitalario, el Ejecutivo lo respetará”, afirmó Llamas.

El palacio presidencial rechazó comentar sobre los llamamientos para que se realice una emisión en directo del juicio de Arroyo, diciendo que eso “corresponde al Tribunal Supremo”.

El portavoz presidencial, Edwin Lacierda, dijo que el juicio por la masacre de Maguindanao, que el Tribunal Superior aceptó que fuera emitido en directo, era una “excepción”.

Heredera de una familia de la elite muy influyente en la política, Gloria Macapagal Arroyo sobrevivió a intentos de golpes de estado y escándalos de corrupción durante sus nueve años como presidenta. En una ocasión mantuvo a su marido afuera del país al ver que había pasado a ser un lastre.

La semana pasada, como una delincuente común, fue encausada y se le tomaron las huellas dactilares en una unidad policial, acusada de fraude electoral. Se le prohibió salir del país para recibir atención médica.

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