INSEGURIDAD EN HONDURAS

Gobierno se resiste a depurar la Policía

La UNAH propuso que la intervención debe ejecutarse a través de una comisión integrada por siete miembros.

El sentimiento de inseguridad de la población de Honduras, país que tiene un promedio de 20 homicidios diarios, se acentuó al confirmarse que muchos miembros de la Policía están involucrados en el crimen organizado y el narcotráfico, pero el Gobierno se resiste a una intervención de la institución para su depuración.

Honduras, con una población de más de 8 millones de habitantes, es catalogado como uno de los países más violentos del mundo por los altos índices de muertes violentas, extorsión por secuestro, violaciones de los derechos humanos e impunidad que registra.

La sospecha de que muchos actos de delincuencia y criminales son cometidos por policías tomó fuerza y revuelo cuando el 22 de octubre pasado en la capital, policías asesinaron a tiros a dos estudiantes universitarios que viajaban en un vehículo y supuestamente no atendieron la orden de pararse.

Cuatro de los policías culpables se dieron a la fuga con la complicidad de sus compañeros y jefes, lo que obligó el presidente Porfirio Lobo a remover la cúpula policial.

Uno de los estudiantes víctimas del incidente, Rafael Alejandro Vargas Castellanos, de 22 años, era hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien ahora lidera la lucha para depurar a la Policía.

El presidente Lobo dijo que nunca imaginó que la Policía Nacional hiciera “estas prácticas criminales: en dos años de gobierno nunca tuve un reporte de que hubiese bandas criminales dentro de la institución”.

El gobernante pidió a las autoridades de la UNAH que elaboraran una propuesta para hacer la depuración de la Policía, conformada por unas 14 mil personas. La propuesta fue presentada el miércoles al Gobierno y las autoridades universitarias pidieron la intervención de la Policía con la participación de representantes internacionales.

“La Policía es la organización delictiva más peligrosa del país”, porque actúa bajo la protección de las leyes del Estado, se señala en el documento que contiene la propuesta. En el mismo texto se lee que “los policías en toda la escala jerárquica están percibiendo fuertes cantidades de dinero procedente de sus operaciones delictivas y actos de corrupción”.

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