Grecia enfrenta efecto de recortes

Los ataques con bomba contra políticos aumentaron desde que se adoptaron duras medidas de austeridad.

Una pequeña bomba de fabricación casera explotó ayer lunes frente a la oficina de un ministerio griego encargado de recortar 150 mil empleos del sector público para 2015, provocando daños pero no heridos, dijo la policía.

Las ventanas quedaron destrozadas y los escritorios y las computadoras resultaron dañadas en la explosión en el edificio del Ministerio de Reforma Administrativa. Un coche también se vio afectado.

“No hubo una llamada de advertencia y el riesgo de que alguien resultara herido era grande debido a que el edificio está ubicado en el centro”, dijo un funcionario policial que pidió anonimato.

El ministerio tiene la tarea de reformar el extenso sector público, una demanda clave de los prestamistas internacionales del país.

El ataque fue el segundo en menos de una semana. Una bomba similar explotó en una oficina del ex primer ministro Costas Simitis, el martes pasado.

El Gobierno de coalición griego, liderado por el tecnócrata primer ministro Lucas Papademos, denunció aquel ataque como un intento por desestabilizar el país antes de las elecciones nacionales, previstas para el 6 de mayo.

Los ataques pequeños con bomba contra políticos han aumentado desde que el país adoptó duras medidas de austeridad.

DIVERSIFICACIÓN

El Ministerio de Protección Ciudadana de Grecia alquilará a sus agentes de policía para recaudar fondos y así equilibrar los gastos de equipamiento de las fuerzas de seguridad, informó una fuente ministerial.

De esta manera, usuarios privados podrán contratar los servicios de un agente por 30 euros (unos $40) la hora o de un coche patrulla por 10 euros ($13.10) la hora.

Según una circular ministerial, se podrán alquilar los servicios de la policía para “escoltar explosivos o materiales peligrosos, objetos privados de gran valor, obras de arte y dinero” y también para el entrenamiento de fuerzas de seguridad privadas y para la participación en películas de cine o series de televisión.

La decisión se basa en una proposición legal aprobada el pasado mes de febrero –y que hasta ahora había pasado inadvertida– que permite cobrar por servicios que antes se ofrecían de manera gratuita, informa el diario Proto Thema.

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