El caso del vicepresidente peruano Omar Chehade, quien respondió ante la Comisión de Ética del Congreso por un supuesto tráfico de influencias, se ha convertido en la primera prueba de fuego del gobierno del presidente Ollanta Humala, según analistas.

Chehade, abogado de profesión, debió responder ante el Congreso tras la acusación en octubre pasado del general de la policía Guillermo Arteta, hecha unos días después de que fuera pasado a retiro. El general (r) señaló que Chehade invitó a cenar a altos oficiales de la Policía para presionar el desalojo de la cooperativa azucarera Andahuasi, que está tomada desde hace tres años por unos 3 mil trabajadores, y con esa acción favorecer al importante grupo empresarial Wong.

La propiedad de Andahuasi es actualmente objeto de una demanda de la que son parte el grupo Wong, otra empresa y los propios trabajadores que reclaman derechos accionarios. El vicepresidente dijo el miércoles ante la Comisión de Ética que “si me equivoqué pido disculpas, pero no he transgredido ninguna norma ética”, al tiempo que señaló que nunca pidió el desalojo de la cooperativa azucarera, como afirmó el general Arteta.

Otros dos oficiales, presentes en la cena, señalaron ante la misma Comisión que el tema de la cooperativa sí se trató, pero de sus testimonios no se desprende que el vicepresidente haya hecho gestiones en favor del desalojo. Lo más inquietante, para analistas, es que Chehade se contradijo en varios puntos entre lo que señaló en una entrevista televisiva el 17 de octubre y lo que dijo ante la Comisión.

Pero más allá de una eventual responsabilidad jurídica o ética del vicepresidente, la prensa local -en su mayoría opositora- ha generado un clima de hostilidad frente al funcionario, que se traduce en una creciente presión sobre el gobierno para que resuelva el tema.

Hasta ahora Humala se ha referido en una sola ocasión al tema, para respaldar la investigación de la Fiscalía, mientras que el primer ministro, Salomón Lerner, calificó al episodio como “una piedra en el zapato” para el gobierno. Para el politólogo de la Universidad Católica Alfo Panfichi, la reacción de Humala fue correcta al esperar que aparezcan nuevas evidencias.