ARGENTINA

Intervienen empresa de trenes tras tragedia

Este accidente es el tercero más grave de Argentina, luego de los de 1970 y 1978, que dejaron 236 y 55 muertos.

El Gobierno argentino dispuso ayer martes la “intervención administrativa, técnica y operativa” de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), como consecuencia de la tragedia que el 22 de febrero dejó 51 muertos y 703 heridos en la terminal Once, en el centro de la capital.

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien informó la decisión de la presidenta Cristina Fernández en compañía del secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, aseguró que la medida se tomó “para garantizar tanto la seguridad de los usuarios como la continuidad del servicio”.

La mandataria prometió la víspera que tomaría las decisiones necesarias para que la tragedia no quede impune, y exhortó a la Justicia a que los resultados de las investigaciones del caso no se demoren más de 15 días.

La intervención estará a cargo del ingeniero Raúl Baridó, miembro de la Sindicatura General de la Nación, y comprende los servicios ferroviarios de las líneas Sarmiento y Mitre, ambos concesionados por el Estado argentino a la empresa TBA. Se extenderá 15 días, o hasta que la justicia federal sustancie un juicio penal contra los responsables de la tragedia, subrayó De Vido.

El miércoles pasado, un tren al parecer se quedó sin frenos y se estrelló en la estación Once, en el centro de Buenos Aires, en una tragedia que dejó 51 muertos y 703 heridos.

Sobre la intervención decretada por el Gobierno, Schiavi, por su parte, pidió “colaboración a los usuarios” del servicio, porque “quizás vamos a tener algunos trenes menos, quizás vamos a tener horarios distintos a los diagramas habituales”.

La medida del Gobierno argentino generó controversia entre dirigentes del quehacer político local. Para el diputado nacional por el Frente Amplio Progresista (izquierda), Roy Cortina, la intervención “es una reacción tardía e insuficiente frente a una tragedia que lo desbordó y que dejó en evidencia las graves falencias de su política ferroviaria”.

La diputada nacional Patricia Bullrich, de la centrista Coalición Cívica, consideró que la presidenta Fernández debe primero pedirle la renuncia a los funcionarios responsables del área relacionada con los trenes.

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