filipinas

Macapagal enfrenta denuncia

A la ex presidenta se le acusa de haber apoyado al clan Ampatuan, acusado de la matanza de 57 personas.

Familiares de las víctimas de la matanza de 57 personas en 2009 en el sur de Filipinas denunciarán a la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo por “complicidad” con algunos de los principales acusados, indicaron ayer fuentes judiciales.

El abogado Harry Roque, que representa a 15 de las víctimas asesinadas el 23 de noviembre de 2009, dijo que Arroyo “apoyó y fue cómplice” del clan de los Ampatuan, acusado de orquestar la matanza para eliminar a un rival político.

“Les dio armas y recursos. Dio legitimidad a su ejército privado. También les dio poder suficiente para que se sintieran impunes sin importar lo que hicieran”, declaró Roque a la radio dzMM.

El patriarca del clan, Andal Ampatuan, era gobernador de la provincia de Maguindanao, en la que se produjo la matanza, y uno de sus hijos, Zaldy, era gobernador de la región autónoma del Mindanao musulmán, en el sur de Filipinas.

Otro de los vástagos del cacique, también llamado Andal y alcalde de una pequeña localidad, está acusado de capitanear al centenar de sicarios que secuestró y asesinó a los integrantes del convoy electoral de su rival político, Ismail Mangudadatu. Los Ampatuan controlaban desde hacía años la provincia de Maguindanao con la aquiescencia de los sucesivos gobiernos y fueron unos firmes aliados de Arroyo durante su presidencia entre 2001 y 2010.

El patriarca del clan, Andal Ampatuan, está acusado en el caso de fraude electoral en el que se ha visto implicada la expresidenta por supuesta manipulación de las urnas en las elecciones legislativas de 2007.

El tribunal regional del distrito de Pasay, en Manila, dictó el pasado viernes una orden de arresto contra Arroyo, Ampatuan y el exsupervisor electoral en la provincia de Maguindanao Lintang Bedol por el caso.

Desde entonces la expresidenta está bajo custodia policial en una exclusiva clínica de Manila, en la que se recupera de una reciente operación de la columna vertebral.La exjefa del Estado tiene abiertos en su contra otros seis procesos judiciales, uno de ellos por el contrato que firmó en 2007 con la empresa de comunicaciones china ZTE para la construcción de una red nacional de internet de alta velocidad, presuntamente sobrevalorado en 200 millones de dólares (148 millones de euros). También está acusada de fraude fiscal en la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto.

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