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Medidas de ´ajuste´, otra vez en entredicho

El recorte de beneficios a ciudadanos portugueses es declarado como discriminatorio por el Tribunal Constitucional.
DECISIÓN. El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, tendrá que encontrar nuevas formas de generar ahorro para recibir los millones prometidos. AP/ Francisco Seco DECISIÓN. El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, tendrá que encontrar nuevas formas de generar ahorro para recibir los millones prometidos. AP/ Francisco Seco
DECISIÓN. El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, tendrá que encontrar nuevas formas de generar ahorro para recibir los millones prometidos. AP/ Francisco Seco

La decisión del Tribunal Constitucional de Portugal de declarar ilegales e inconstitucionales algunas medidas de ajuste aprobadas para cumplir las exigencias del rescate internacional pone en un grave apuro al gobierno de Pedro Passos Coelho, que deberá buscar nuevas alternativas de ahorro.

El 16 de mayo de 2011, Portugal, a cambio de un duro plan de recortes, recibió una ayuda financiera de 78 mil millones de euros (101 mil millones de dólares) en tramos hasta 2014.

A cambio del rescate, se exigía a Portugal un duro programa de ajuste fiscal, reformas estructurales y mantenimiento de la solvencia financiera.

Así, el Ejecutivo portugués aprobó la privatización de empresas y servicios públicos, la congelación de salarios y pensiones o la subida de impuestos para reducir el déficit hasta el 3% antes de 2014.

Dentro de las medidas de ajuste, el Gobierno portugués también aprobó una ley para capitalizar los bancos, aumentó las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social y redujo las aportaciones de las empresas. Algunas de estas medidas han sido declaradas inconstitucionales y discriminatorias en una sentencia del Tribunal Constitucional, entre ellas la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas y el recorte de subsidios de desempleo (6%) y enfermedad (5%).

Para la troika (Banco Central Europeo, FMI y Comisión Europea), sin embargo, las cuentas del país están buenas, aunque la población lusa se siente asfixiada.

“Ya está bien”, dice Bruno, de 28 años y tres ya sin empleo. “Yo antes subsistía con dificultad, pero subsistía. Ahora apenas consigo sobrevivir”, admite Bruno.

Bruno ha trabajado en hoteles, como repartidor de pizzas y de peón en la construcción.

La precariedad laboral no le permitió nunca independizarse y aún vive en casa de sus padres con una hija de cuatro años.

La crisis le ha obligado a sacar a la niña de la guardería, por no poder pagar los 47 dólares mensuales.

Con los recortes presupuestarios ya no recibe ni puede aspirar a subsidio alguno y la familia sale adelante con 500 dólares de pensión de la madre y poco más de 259 del padre, de baja médica por una grave enfermedad.

“Ya hemos eliminado todos los gastos excepto la casa y la alimentación. Estamos en el límite de tener que pedir ayuda incluso para comer”, asegura.

Este fallo del alto tribunal luso es el segundo que descalifica las medidas de ahorro del Ejecutivo conservador, ya que el pasado julio los magistrados consideraron discriminatoria la suspensión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas y no al sector privado, pero no impidieron que la medida se aplicara ese año por la situación financiera del país.

Ahora, el Ejecutivo se verá obligado a buscar otras formas para cumplir las metas del déficit público, que podría subir cerca de un punto porcentual.

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