colombia

ONG contra reforma que daría impunidad

Enmienda constitucional haría posible que uniformados salieran impunes por crímenes contra derechos humanos.

Más de 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Colombia y del exterior instaron ayer al ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos y al Congreso a que retiren el proyecto de enmienda constitucional que busca reformar el fuero penal militar.

En una carta abierta a Santos y a los miembros del Legislativo, las ONG consideraron que, a cambio, el Estado colombiano debe aceptar la asesoría para “superar la impunidad” que propuso un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU.

Las organizaciones aludieron a un mensaje, también abierto, que 11 relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas divulgaron el pasado 22 de octubre en Ginebra y en el que instaron a Gobierno y Congreso a que reconsideren el proyecto legal.

De ser aprobado, “se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía”, advirtieron los expertos.

La iniciativa, de origen gubernamental, está pendiente de los dos últimos debates en el Senado, que deberá gestionarlo antes de que finalice el actual período de sesiones del Legislativo, que termina a mediados de diciembre próximo.

En Colombia persisten las ejecuciones sumarias, las torturas, las desapariciones forzadas, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y los desplazamientos forzados, realidad que, según los firmantes de la misiva, hace imperioso que sea la justicia ordinaria la que asuma su conocimiento, y no tribunales militares.

La reforma, agregaron, promueve “cambios que beneficiarán a militares y policías implicados en graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, sustrayéndolos de ser investigados por la justicia ordinaria”.

Las organizaciones también expresaron que indigna que recursos públicos puedan ir a “la defensa de militares y policías acusados de violaciones graves de los derechos humanos”, mientras que a las víctimas “se les coarta el derecho a ser tratados con justicia y como iguales ante la ley”.

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