ONU muestra su impotencia para frenar conflictos

En lo institucional, este año continuaron las voces que demandan una reforma del Consejo de Seguridad.
Dos transeúntes pasan al lado de un tanque IS-3 de la era soviética, en el centro de Kiev. Dos transeúntes pasan al lado de un tanque IS-3 de la era soviética, en el centro de Kiev.
Dos transeúntes pasan al lado de un tanque IS-3 de la era soviética, en el centro de Kiev.

Las guerras y el extremismo violento han marcado un año en el que la ONU y su Consejo de Seguridad, pese a una frenética actividad, han mostrado su impotencia a la hora de detener los conflictos en el mundo.

Siria, Ucrania, Gaza, Irak, la República Centroafricana o Sudán del Sur. La lista de conflictos es casi interminable y en pocos casos la situación ha mejorado a lo largo de los últimos 12 meses.

“Podría parecer que el mundo se está viniendo abajo”, resumió en septiembre el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la apertura de los debates de la Asamblea General.

Por cifras, el caso más sangrante sigue siendo el de Siria, donde la guerra se acerca ya a su quinto año y ha dejado más de 200 mil muertos. Pese a las numerosas iniciativas, incluidos varios episodios poco habituales de unidad en el Consejo de Seguridad, la ONU no ha sido capaz de avanzar hacia una solución al conflicto.

En febrero, el Consejo aprobó por unanimidad una resolución exigiendo a las partes que detuviesen el asedio sobre las ciudades y permitiesen el acceso de la población a la ayuda, y en julio volvió a unirse para autorizar a las agencias humanitarias a dar apoyo a través de cruces fronterizos sin permiso del gobierno de Damasco.

No obstante, la realidad sobre el terreno solo ha registrado leves mejorías y la situación sigue siendo agónica para millones de personas. Ante el bloqueo de las negociaciones de paz, el mediador internacional para Siria, Lakhdar Brahimi, renunció en mayo y fue reemplazado por el italiano Staffan de Mistura, que actualmente trata de impulsar el establecimiento de zonas libres de conflicto que detengan la lucha en puntos clave del país. En los últimos meses, la guerra ha quedado además eclipsada en parte por la brutalidad de los yihadistas del Estado Islámico.

ONU afirma que 5 millones de ucranianos intentan sobrevivir

La situación de unos 5 millones de ucranianos que viven en el este del país es “desesperada” y se exacerba por la decisión gubernamental de cancelar todos los servicios sociales, es por ello que la ONU solicitó ayer a Kiev que restablezca su presencia efectiva en los territorios rebeldes.

“Mucha gente, incluyendo aquellos que están retenidos contra su voluntad en áreas bajo control de los grupos armados, tienen problemas reales para sobrevivir”, alertó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein.

“El Gobierno de Ucrania sigue siendo responsable de proteger los derechos humanos de todos los ucranianos, incluyendo el derecho a la salud, la educación, y la seguridad social en todo el territorio, inclusive en áreas que no controla totalmente. Urjo al Gobierno a considerar minuciosamente el impacto humano de su decisión”, agregó.

Estos comentarios de Zeid se incluyen en el comunicado de prensa que su oficina ha distribuido en paralelo a la publicación del octavo informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania.

El documento hace especial hincapié en las condiciones de vida de las personas que permanecen en las regiones orientales del país, donde residen al menos 5 millones de personas que “tienen dificultades reales para poder sobrevivir”.

“La situación de las personas que dependen de la protección del Estado, o dependen de sus servicios, y que no han podido o no han querido trasladarse hacia áreas controladas por el gobierno central y donde esos servicios se ofrecen es de gran preocupación”, señala el informe.

El informe recuerda que los rebeldes prorrusos organizaron unas “elecciones” (entrecomillado del informe) el pasado 2 de noviembre en las áreas bajo su control, y el Gobierno ucraniano respondió anulando todos los servicios que provee el Estado en las zonas en conflicto.

El texto recuerda que esta decisión ha exacerbado la situación de vulnerabilidad de las personas en el este, dado que han desaparecido servicios esenciales como la salud, la educación y la asistencia social.

El Gobierno dio de plazo hasta el 31 de diciembre para que las personas que viven en zona rebelde se inscriban en zonas controladas por el Estado para poder obtener dichos servicios.

El director de la Oficina para las Américas, Europa y Asia Central, Gianni Magazzeni, explicó que muchas personas no quieren abandonar los territorios controlados por los rebeldes.

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