Obreros ´desplazados´ sufren degradación laboral

Trabajadores enviados a otros países de la Unión Europea quedan presos de sistemas que esquivan las normas.

Obreros europeos, calificados como “desplazados” temporalmente, son empleados en obras de Francia por “600 euros al mes” (unos 780 dólares), un fenómeno en boga favorecido, según los expertos, por una directiva de la Unión Europea con carices de “dumping social”.

“Jamás tuve un contrato, ni recibo de sueldo, sólo un pase para entrar en la obra”, contó un herrero portugués contratado por una agencia de trabajo temporario portuguesa con el estatuto de “desplazado”.

El “desplazado” es aquel trabajador enviado temporalmente por su empleador a otro Estado miembro de la UE para prestar servicios allí. En 2011, la Dirección General del Trabajo francesa registró 145 mil trabajadores desplazados (eran 38 mil en 2006 y 106 mil en 2009), pero su cantidad sería al menos dos veces superior.

El sector de la construcción concentra al 44% de los trabajadores desplazados. Cerca de la mitad (41%) viene de países que ingresaron recientemente en la UE; Polonia se encuentra al frente con 27 mil 700 trabajadores.

Una directiva europea de 1996 regula esta práctica y pone como condiciones “una competencia leal y medidas que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores”. En principio, el “núcleo duro” de las reglas del país recipiente se aplica (salarios, condiciones de trabajo), pero los aportes sociales se pagan únicamente en el país de origen.

“Las diferencias entre países pueden ser superiores a 20 o 25%”, lo que hace que el empleo de esta mano de obra sea muy atractivo, según Yvon Laplace, autor de un informe de la consultora Secafi. Pero esta práctica también está acompañada por “derivas” y “condiciones de trabajo bastante degradadas”. En efecto, “los desplazados son a menudo empleados a través de complejos sistemas de subcontratistas”, explicó Sam Hägglung de la Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y de la Madera . Algunas prácticas burlan la legislación y escapan a toda sanción, por la falta de controles.

El ministro francés de Trabajo, Michel Sapin, evocó recientemente casos “inadmisibles”, recordando que “cobrar el sueldo mínimo polaco por trabajar en Francia es ilegal”.

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