Pérez Molina se niega a renunciar pese a antejuicio

El Congreso hará hoy una sesión para elegir a cinco legisladores que integren la comisión pesquisidora que recomendará retirar o no la inmunidad al mandatario.
El mandatario aseguró ayer que no tiene ninguna responsabilidad en las acusaciones en su contra. El mandatario aseguró ayer que no tiene ninguna responsabilidad en las acusaciones en su contra.
El mandatario aseguró ayer que no tiene ninguna responsabilidad en las acusaciones en su contra.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró ayer que no renunciará al puesto y respetará la decisión de la justicia que dio trámite a una solicitud de antejuicio en su contra por su presunta responsabilidad en escándalos de corrupción en el Gobierno.

“Me voy a mantener en el cargo, es una responsabilidad constitucional”, dijo Pérez Molina a periodistas al indicar que las investigaciones no lo vinculan con los recientes casos de fraude descubiertos en las aduanas y el seguro social, que sumieron al Gobierno en una crisis institucional desde abril.

“Yo estoy dispuesto a seguir con el debido proceso [del antejuicio], pero voy a seguir trabajando hasta el último momento para servirle al pueblo de Guatemala (...). Yo no tengo ninguna responsabilidad y me puedo sentir tranquilo de que no he cometido ningún hecho delictivo”, señaló el gobernante, quien culmina su período de cuatro años en enero próximo.

El miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló la petición de antejuicio hecha por el diputado Amílcar Pop del opositor partido Winaq, quien argumenta que el presidente incurrió en delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.

Tras la decisión judicial el Congreso debe decidir si levanta la inmunidad a Pérez para someterlo a un proceso penal.

Analistas políticos y diputados opositores estimaron que el antejuicio “es el preludio” de su renuncia.

Según la acusación, Pérez Molina tiene responsabilidad directa en fraudes millonarios revelados en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos funcionarios de su gobierno.

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