ESPAÑA

Piden justicia por masacre

El Gobierno español insistió en pedir una investigación por la muerte de los sacerdotes jesuitas en 1989.
Este año se conmemoraron 24 años de los asesinatos cometidos por el ejército. XINHUA/Oscar Rivera. Este año se conmemoraron 24 años de los asesinatos cometidos por el ejército. XINHUA/Oscar Rivera.
Este año se conmemoraron 24 años de los asesinatos cometidos por el ejército. XINHUA/Oscar Rivera.

España continúa clamando justicia por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de nacionalidad española, que fueron asesinados hace 24 años durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992).

“Hacemos una llamada al Estado salvadoreño, para que se haga justicia y no quede impune un asesinato tan horrible”, dijo el embajador de España en este país, Francisco Rabena.

El pasado viernes se conmemoraron 24 años desde que miembros del Ejército salvadoreño irrumpieron en las instalaciones de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, al jesuita salvadoreño Joaquín López y a dos empleadas domésticas salvadoreñas que trabajaban con ellos, Elba Julia Ramos y su hija Celina.

Es “lamentable que no haya habido resultados” en todos las intentos que se han hecho para esclarecer la masacre”, indicó Rabena.

En 2011, el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco pidió la extradición de 15 de los 20 militares salvadoreños implicados en la masacre, tras admitir en 2009 una querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad de Estados Unidos.

Sin embargo, el 8 de mayo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador denegó la extradición a España de 13 de los 15 militares incluidos en la petición de Velasco; los otros dos viven en Estados Unidos.

También, la UCA y familiares de las víctimas pidieron a la justicia local esclarecer el hecho, pero no tuvieron éxito y acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1999 recomendó al Estado realizar una investigación e “identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la amnistía decretada en 1993.

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