FRANCIA

Polémica por publicar bienes de parlamentarios

Las críticas son particularmente virulentas en la derecha, que dice que se creará una ´república de sospechas´.

La decisión del presidente francés, François Hollande, de obligar a los parlamentarios a publicar su patrimonio para moralizar la vida política, tras el escándalo de su exministro Jérôme Cahuzac, suscita oposición y críticas de muchos de ellos, tanto en la derecha como en la izquierda.

Recibido por el primer ministro Jean-Marc Ayrault para evocar el futuro proyecto de ley sobre la moralización de la política, el presidente de la Asamblea Nacional (Cámara Baja), el socialista Claude Bartolone, dio cuenta de “sus reservas” sobre una de las medidas previstas, la publicación de la declaración de patrimonio de los ministros, parlamentarios, ediles y altos funcionarios.

“No es necesariamente la buena solución para permitir una relación de confianza entre los representantes y la población”, dijo, argumentando que una mayor transparencia del patrimonio no habría impedido a Cahuzac no declarar su cuenta en el extranjero.

Claude Bartolone habló como “portavoz de los parlamentarios”, se reconoció en el equipo del Presidente.

La publicación del patrimonio es aceptada, en cambio, por otras personalidades políticas, como el presidente del Senado, el socialista Jean-Pierre Bel, que declaró su “apoyo” a las medidas anunciadas y afirmó que no tenía “reticencias”.

Las críticas son particularmente virulentas en la oposición de derecha, que considera que los anuncios hechos por Hollande el miércoles van a crear una “república de sospechas”, en palabras del exministro Bruno Le Maire.

El líder de la bancada de la Unión por un Movimiento Popular (oposición de derecha) en la Asamblea, Christian Jacob, se declaró “claramente opuesto” a “la publicación del patrimonio y la exposición a la curiosidad pública de los parlamentarios”. No obstante, “si la ley es adoptada, la aplicaremos”, agregó. Los parlamentarios se muestran más favorables a otra de las medidas anunciadas la víspera por Hollande, la creación de una alta autoridad encargada de controlar las declaraciones que los parlamentarios hacen, pero que no se publican. Estas son entregadas actualmente a una comisión que no tiene prácticamente poderes de investigación ni de sanción.

Otra de las medidas anunciadas es objeto de polémica: la prohibición de acumulación de un mandato parlamentario con “ciertas actividades profesionales para prevenir los conflictos de intereses”.

La lista de profesiones prohibidas a los parlamentarios estará definida en el proyecto de ley que será presentado en el Consejo de ministros el 24 de abril, lo que deja augurar una guerrilla de enmiendas en el Parlamento por parte de los que ejercen las profesiones concernidas.

En la mira de esa medida figuran en particular los consultores y abogados de negocios, cuya compatibilidad con la función legislativa se cuestiona.

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