dictadura militar 1976-1983

Prisión perpetua para genocidas argentinos

El proceso, que tomó 10 meses, abarcó casos de secuestro y tortura de 135 personas y el asesinato de cuatro de ellas.
Los condenados fueron desafiantes. REUTERS/EMarcarian. Los condenados fueron desafiantes. REUTERS/EMarcarian.
Los condenados fueron desafiantes. REUTERS/EMarcarian.

Una corte federal de Argentina condenó el pasado viernes a prisión perpetua a 15 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar del país, incluido el secuestro y asesinato de Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

En una sala repleta de militantes de organismos de derechos humanos en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, un Tribunal Oral Federal leyó la condena a los acusados.

Según los jueces, se los condenó a la máxima pena por “su complicidad en el genocidio” durante la dictadura, por delitos cometidos en el centro clandestino conocido como La Cacha.

Los jueces absolvieron a uno de los acusados y condenaron con prisión de entre 12 y 13 años a otros cuatro.

La dictadura militar que gobernó el país sudamericano entre 1976 y 1983 secuestró, torturó y asesinó a cerca de 30 mil personas (mayormente activistas políticos y trabajadores), según organismos de derechos humanos. En muchos casos, los represores se apropiaron ilegalmente de los hijos de las víctimas nacidos en cautiverio, como sucedió con el hijo de Laura Carlotto, nacido en junio de 1978.

Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado identificar a más de 110 hijos de desaparecidos apropiados por miembros de la dictadura.

El juicio se inició en diciembre de 2013 contra los acusados, que pertenecían a la Armada, el Ejército, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Al término de la lectura del veredicto, se produjeron incidentes cuando dos de los acusados provocaron con gestos desafiantes al público, que respondió con gritos de “asesinos” mientras miembros de las fuerzas de seguridad retiraban a los condenados de la sala.

Con estas sentencias ascienden a 559 los condenados por genocidio durante el régimen.

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