Procurador obstruye investigaciones

Los alegatos presentados por Human Rights Watch han suscitado inquietud en Washington, donde Osorio ha sido objeto de críticas

BOGOTA, Colombia. -Un nuevo informe por parte del grupo Human Rights Watch afirma que el procurador general de Colombia ha socavado investigaciones sobre grupos paramilitares de la derecha política mediante despidos o transferencias de fiscales, particularmente en aquellos que trabajaban sobre casos en los que se creía que oficiales militares habían ayudado a los grupos en matanzas o asesinatos.

El informe fue divulgado el viernes en Bogotá, la capital, por el grupo supervisor de los derechos humanos, que tiene su sede en Nueva York. Arguye que el procurador general, Luis Camilo Osorio, ha obstruido investigaciones desde su nombramiento, en julio pasado.

Las acusaciones podrían empañar el nuevo gobierno de ley y orden del presidente Alvaro Uribe, el cual insiste en que está combatiendo a las fuerzas paramilitares con la misma agresividad que está combatiendo a los rebeldes marxistas del país.

El informe asienta que en los últimos 15 meses, nueve fiscales o investigadores que estaban trabajando en casos de paramilitares –quienes en su mayoría han recibido entrenamiento especializado de Estados Unidos– han sido despedidos y otros 15 han sido obligados a dimitir. Cinco fiscales e investigadores que indagaban sobre los vínculos entre los grupos paramilitares y unidades militares han sido asesinados.

Varios casos de alto perfil se han estancado. Entre ellos se cuenta una masacre perpetrada en enero del 2001, en la que fuerzas paramilitares que trabajaban con oficiales navales dejaron muertos a 26 pobladores, y una investigación sobre los nexos que un oficial militar de alto rango, el general Rito Alejo del Río, tuvo con fuerzas paramilitares en el noroeste de Colombia.

Los alegatos presentados por Human Rights Watch han suscitado inquietud en Washington, donde Osorio ha sido objeto de críticas durante varios meses por parte de algunos integrantes del Congreso y grupos por los derechos humanos de Estados Unidos.

La oficina del procurador general no respondió a los alegatos específicos y documentación presentada por Human Rights Watch. En una declaración, la oficina dijo estar comprometida con “la lucha en contra de quienes violen los derechos humanos”.

De igual forma, la declaración afirmaba que la oficina “no investigaría a nadie cuando careciera de fundamentos, pese a las críticas que se pudieran generar”.

En sus tratos con Colombia, Estados Unidos con frecuencia ha hecho énfasis en la importancia que tiene el desarrollo de una Procuraduría General que sea independiente y eficaz. Estados Unidos ha suministrado 25 millones de dólares a la dependencia citada en los últimos dos años y pudiera entregar otros 10 millones de dólares el año entrante.

En Colombia, muchos de los fiscales e investigadores que trabajan sobre casos relacionados con los derechos humanos han recibido capacitación que ofreció el departamento de Justicia en Estados Unidos.

Asimismo, Estados Unidos ha ayudado a establecer 11 oficinas satelitales alrededor de Colombia, de forma que los fiscales puedan responder con mayor efectividad a casos de crímenes de guerra. No obstante, algunos fiscales dijeron a Human Rights Watch que la oficina central no había acondicionado dichas oficinas con los recursos o el personal necesarios.

“Cada vez que vemos esta clase de movimiento de fiscales saliendo de los casos, o la transferencia de recursos, salta a nuestra atención”, expresó un funcionario de la administración Bush que está involucrado con dar forma a la política hacia Colombia. “Obviamente, deseamos ver más recursos y queremos ver más fiscales, aunado a que nos gustaría ver una política más agresiva”.

Osorio está en el segundo año de un mandato de cuatro. Grupos por los derechos humanos habían expresado desde hacía tiempo sus inquietudes con respecto a él, ya que su nombramiento fue visto como un esfuerzo enfocado a enmendar las relaciones entre el Gobierno y oficiales militares molestos por las agresivas investigaciones del procurador general anterior, Alfonso Gómez Méndez.

Osorio, quien fue designado por la Suprema Corte luego de ser nominado por el predecesor de Uribe, no puede ser removido del cargo por Uribe.

Human Rights Watch, que entrevistó a 16 fiscales e investigadores que proporcionaron detalles sobre transferencias y despidos, dijo que esperaba impulsar al gobierno de Uribe para ejercer presión sobre la oficina de Osorio, para así investigar de modo más decisivo en casos que involucran a grupos paramilitares y las fuerzas armadas.

“Si la oficina del procurador general está poniendo obstáculos, Colombia no puede pretender que está llevando a cabo una lucha creíble por los derechos humanos”, dijo este viernes José Miguel Vivanco, el director de la división latinoamericana de Human Rights Watch, en Bogotá.

Memorando interno e informes de los servicios de inteligencia obtenidos por Gustavo Petro, congresista colombiano que está recabando evidencia en contra de la oficina de Osorio, ponen de manifiesto las dificultades que enfrentan a diario fiscales e investigadores.

En un documento de los servicios de inteligencia, el cabecilla paramilitar Carlos Castaño y otros líderes paramilitares debaten respecto a si asesinan o no a fiscales que trabajan sobre casos relacionados con paramilitares.

En un memorando, una fiscal veterana, Martha Cecilia Camacho, argumentó que los paramilitares la habían identificado como un objetivo para asesinato.

“Para mí, es triste distanciarme de mi trabajo debido a que soy un objetivo militar”, escribió Camacho, quien posteriormente renunció y actualmente está viviendo en Canadá.

Richard Maok, quien solía ser un experto en computación en la Procuraduría General, dijo en entrevista que había sido transferido de su empleo luego de haber compilado datos que documentaban las llamadas que salieron de la oficina del procurador general a los números telefónicos de presuntos integrantes paramilitares en el noreste de Colombia.

Si bien los datos que Maok compiló eran preliminares, dijo, debería haber sido alentado a proceder con su investigación.

“Cuando descubrieron que yo estaba haciendo el trabajo, detuvieron la investigación, para luego emprender acciones punitivas en mi contra”, aseguró Maok, quien fue despedido en agosto y actualmente está exiliado en Canadá.

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