CHILE

Ratifican detenciones dentro del caso Penta

Los imputados con prisión preventiva permanecerán en un recinto para detenido por delitos económicos.
Ernesto Silva, presidente de la Unión Demócrata Independiente, dejó el cargo el 11 de marzo. Ernesto Silva, presidente de la Unión Demócrata Independiente, dejó el cargo el 11 de marzo.
Ernesto Silva, presidente de la Unión Demócrata Independiente, dejó el cargo el 11 de marzo.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó ayer la prisión preventiva para 4 de los 10 imputados en delitos tributarios y sobornos en el llamado caso Penta, entre ellos dos empresarios y un exsubsecretario de Gobierno.

La sala resolvió mantener la medida cautelar antes del inicio de un juicio oral para los controladores del grupo Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner y el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos Iván Álvarez. Otros dos acusados que permanecían con prisión preventiva, el exgerente general del grupo Hugo Bravo y el exgerente de contabilidad Marcos Castro, fueron dejados con arresto domiciliario y arraigo nacional. “Estas resoluciones no tienen en consideración ni la condición socioeconómica de los imputados, ni sus creencias religiosas, políticas o filosóficas. Nosotros actuamos de acuerdo al mérito de los antecedentes y las facultades que nos otorga el ordenamiento jurídico”, dijo el juez al dar a conocer el fallo.

Los abogados de todos los imputados habían pedido su libertad apelando a la resolución de primera instancia dictada hace una semana.

El grupo Penta, un conglomerado financiero que maneja activos por más de 20 mil millones de dólares, se encuentra acusado de eludir sistemáticamente el pago de impuestos a través de distintas figuras fraudulentas.

El fiscal nacional Sabás Chahuán mostró su conformidad con la resolución de la Corte y dijo que la colaboración prestada en la causa por Bravo y Castro justificaba el cambio de las medidas en su contra. “El trabajo de la fiscalía ha sido avalado en los hechos”, dijo Chahuán.

La Fiscalía tiene 120 días para completar la investigación antes del juicio oral en contra de los imputados, algunos de los cuales afrontan penas de hasta 15 años de cárcel por haber presuntamente cometido delitos graves en forma reiterada.

El caso Penta tiene también una arista política. Un imputado afirmó que el grupo financiaba campañas políticas del partido Unión Demócrata Independiente, con contratos por servicios ficticios que se pagaban con boletas falsas.

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