ESTADO TOTALITARIO

Revolución electiva, purificadora de la violencia

Desde el exterior, quienes nos observan creen que en Venezuela hay democracia, pues se realizan elecciones; que al caso también las hay en La Habana como las hubo en la Alemania del Führer.

El catedrático venezolano Allan Brewer Carías, uno de nuestros más prestigiosos cultores del derecho público, con su exilio y apartando mezquindades que se cuecen desde antaño en los predios de la medianería, es, no lo dudo, el símbolo del mismo exilio que se le impuso en Venezuela al estado de derecho desde cuando la revolución chavista –mascarón de proa cubano– secuestra a la república, en 1999.

Lo cito a propósito de una referencia suya, reveladora y lapidaria en cuanto a la descripción de esa lastimosa realidad que a todos nos preocupa: la crisis institucional y de violencia que ha provocado el régimen de Nicolás Maduro, hecha en la ciudad de Nueva York donde reside desde su ostracismo. Y es que la inefable defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, a bocajarro nos sorprende con otra de sus “maduradas”, a saber que “es imposible que con la presencia de todos los poderes públicos se cometa una ilegalidad” desde el Estado. Dado ello, Brewer subraya lo así dicho con un obiter dictum: “Tan simple como eso. O sea, que si el Estado totalitario –que es el que controla la totalidad de los poderes y la vida de los ciudadanos– viola los derechos humanos, si ello lo hace con la participación de todos los poderes públicos, así sea contrario a la Constitución, entonces ello es legal” para la susodicha.

El comentario vale y es oportuno, pues desde el exterior, quienes nos observan de buena fe –no incluyo a la Unasur o la Alba y menos a sus plumíferos– creen, aún así, que en Venezuela hay democracia pues se realizan elecciones; que al caso también las hay en La Habana como las hubo durante el nacional socialismo en la Alemania del Führer.

No pocos dudan, por lo mismo, incluso ocurridas las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que hoy se muestran en su más cruenta y ominosa faceta y son la obra de una evidente política represora de Estado concertada entre los varios poderes venezolanos, sobre si las actuaciones desplegadas desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia merecen respeto por venir de donde vienen y para contener la conmoción e ingobernabilidad reinante y asimismo deslindar responsabilidades, que, según esta, pesan sobre los líderes de la oposición democrática. Lo cierto y lo que atina a captar la opinión hemisférica –la de buena fe, reitero, y no los gobiernos– es que se ha establecido aquí, por la vía electoral, un modelo de Estado orientado al control totalitario del poder; donde los mismos titulares de las ramas del poder estatal han prosternado, por considerarlo inaceptable para su “cosmovisión”, el principio de separación e independencia, mejor aún, del check and balance cuya falta ha sido puesta de manifiesto, como grave atentado contra la democracia, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No se trata, cabe advertirlo, de la común filtración que ha lugar en otros países con democracias estables, de distintos militantes de un partido gobernante hacia otras reparticiones del Estado, abusando incluso de una mayoría circunstancial. Antes bien, ha lugar a la cooptación total de la totalidad de los hilos del poder en sus varias manifestaciones por parte del gobierno de Maduro; para con ellos, coludidos, empujar la instauración de una visión totalitaria de la vida ciudadana negada al pluralismo y opresora de la disidencia.

Es un hecho notorio comunicacional el avance regional hacia la restauración del socialismo marxista fracasado del siglo XX, incompatible con los predicados de la democracia tal y como la conocemos en este lado del mundo. A la Constitución y las leyes, por ende, se las entiende como simples medios, reinterpretables y mutables a conveniencia, de acuerdo a las necesidades de dicho despropósito.

No por azar, la cabeza del TSJ y su Sala Constitucional, ayer Luisa Estella Morales y ahora Gladys Gutiérrez, abogada del fallecido comandante Hugo Chávez y militante de su partido, administra la justicia revolucionaria como si fuese un poder constituyente. Valida el uso popular de las armas para la defensa del proceso, criminaliza la contrarrevolución, revoca mandatos populares sin fórmula de juicio o actúa como única instancia, y a los contumaces los condena sustituyendo a la jurisdicción penal y al paso los recluye en prisiones militares.

En suma, dentro de la revolución todo, incluso el desconocimiento de la Constitución; fuera de ella nada. Pero tenemos elecciones, y eso le basta a los cancilleres quienes llegan a Caracas y no la padecen. Oyen atentos, eso sí, las recomendaciones que les aporta el ex ministro chavista Alí Rodríguez Araque, el célebre comandante Fausto, albacea de los hermanos Castro y a la sazón secretario de la Unasur. Esas tenemos.

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