SIP pide a Correa someter Ley de Comunicación a CorteIDH

Claudio Paolillo ha denunciado que la nueva legislación de Ecuador es una suerte de ´ley mordaza´.

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La norma, que entró en vigor el 14 de julio, se gestó en 2009 bajo los auspicios del gobierno de Correa. XINHUA. La norma, que entró en vigor el 14 de julio, se gestó en 2009 bajo los auspicios del gobierno de Correa. XINHUA.
La norma, que entró en vigor el 14 de julio, se gestó en 2009 bajo los auspicios del gobierno de Correa. XINHUA.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió ayer al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que solicite una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la compatibilidad de la nueva Ley de Comunicación con los estándares internacionales en materia de libertad de prensa y expresión.

La petición de la SIP a la CIDH forma parte de una carta conjunta que enviaron este jueves 35 organizaciones nacionales e internacionales centradas en la defensa de la libertad de prensa, dentro de la Red Global IFEX.

En la carta se considera que esa “Opinión Consultiva podría ser decisiva para otorgar definitivamente a la Ley de Comunicación del Ecuador una legitimidad que ahora está en duda”, a la luz de los artículos 19 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.

La Ley de Comunicación ecuatoriana entró en vigor el pasado 14 de julio, pero se gestó en 2009 bajo los auspicios del poder Ejecutivo con la intención de regular a los medios de comunicación, destacó la SIP en un comunicado divulgado ayer.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP ha denunciado que la nueva Ley de Comunicación de Ecuador es una suerte de “ley mordaza”, ya que establece “entes gubernamentales que tienen la potestad de controlar la propiedad de los medios, imponer censura directa e intromisión en los contenidos”.

Además, esta ley define “quién puede o no ser periodista y crea nuevos delitos de prensa que privilegian a las autoridades y funcionarios públicos por sobre los ciudadanos”, subrayó la SIP.

Las opiniones consultivas a la CorteIDH solo pueden ser solicitadas por los Estados firmantes de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

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