SIP condena acoso a periodista boliviana

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami (Estados Unidos), denunció los actos de “intimidación y persecución” de las autoridades de Bolivia contra la periodista Marianela Montenegro, al tiempo que reclamó garantías de seguridad para ella y su familia.

Montenegro, periodista y propietaria de Canal 33 de Cochabamba, denunció, en visita a la sede de la SIP el pasado 8 de noviembre, que ha sido víctima de “hostigamiento y amenazas” y su canal allanado en dos ocasiones en represalia por sus críticas contra el partido oficialista.

La periodista dirige el programa de debate Aló Marianela, crítico con el Gobierno boliviano.

A finales de octubre pasado, la periodista presentó su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.

El 20 de noviembre de 2012, policías y funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes irrumpieron de forma violenta en el canal y en su domicilio –localizado en el mismo edificio–, por supuestas infracciones a regulaciones del organismo oficial encargado de las comunicaciones.

Imágenes de la intervención de la policía y funcionarios fueron captadas en video por una cámara de seguridad del canal: http://www.youtube.com/watch?v=GyM3U0AKxgQ.

Montenegro, quien entregó a la SIP una serie de documentos sobre sus gestiones y denuncias ante las autoridades, detalló además que se le ha retirado la publicidad oficial, impuesto cuatro procesos penales –en uno de ellos fue acusada de presunto racismo– y confiscado el equipo de transmisión, al tiempo que la amenazaron con la revocación de la licencia.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo, condenó “la campaña de intimidación contra la periodista que pareciera ser parte de una estratagema oficial de silenciar a los críticos” y pidió que las denuncias de Montenegro sean investigadas.

La semana pasada, la SIP también condenó las amenazas y represalias contra el diario El Deber y un periodista de ese medio por parte de autoridades municipales de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Paolillo señaló en octubre pasado, que el gobierno de ese país “mantiene una estrategia de asfixia económica con ataques a medios y periodistas...”.

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