El Salvador: se agrava la crisis institucional

La Sala Constitucional declaró inconstitucional la elección Astor Escalante como nuevo fiscal general.

La crisis institucional entre los órganos Legislativo y Judicial de El Salvador se agravó este miércoles con la anulación de la elección del fiscal general, al tiempo que Estados Unidos exhortó a solucionar el conflicto.

La Sala de lo Constitucional del Supremo declaró inconstitucional la elección Astor Escalante como nuevo fiscal general, con el mismo argumento que esgrimió el pasado 5 de junio para anular la de una veintena de magistrados del máximo tribunal: que un mismo Parlamento no puede designar más de una vez esos cargos.

Escalante fue elegido por la Asamblea Legislativa el 24 de abril pasado y debía asumir el puesto el 18 de septiembre próximo en sustitución de Romeo Barahona.

El diputado del partido minoritario Cambio Democrático (CD), Douglas Avilés, declaró a periodistas que la anulación de la elección de Escalante “agrava” la crisis que tiene enfrentados al Parlamento y al Supremo.

El conflicto se inició el 5 de junio pasado, cuando la Sala de lo Constitucional anuló las elecciones de los magistrados llevadas a cabo en 2006 y el 24 de abril pasado, y ordenó hacerlas de nuevo.

El Parlamento desconoció ese fallo y acudió a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que el 21 de junio pasado dictó la suspensión de las sentencias hasta emitir un fallo definitivo, una decisión que, a su vez, el máximo tribunal salvadoreño también desconoció.

Al igual que en el caso de los magistrados del Supremo, la Sala de lo Constitucional argumentó este martes que Escalante no debía ser elegido por la legislatura pasada, que terminó el 30 de abril, sino por la actual, que se inició el 1 de mayo.

En medio del conflicto, el pasado día 1 los magistrados cuya elección fue anulada asumieron sus cargos en una sesión a la que no asistió el presidente del Supremo y de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, y en medio de una operación policial que garantizó su ingreso a la sede del Poder Judicial.

La Sala Constitucional aún tiene pendiente resolver dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la designación, por parte del presidente del país, Mauricio Funes, del ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y del director de la Policía Nacional Civil, Francisco Salinas, ambos militares retirados.

La crisis ha generado posiciones encontradas entre los diferentes sectores, que cada vez ven más lejana una salida porque ninguno de los involucrados cede.

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