ELECCIONES EN HONDURAS

Violencia, miseria y democracia

Mientras que muchas cosas han cambiado en la sociedad hondureña, las realidades económicas y geopolíticas del país darán muy poco margen de maniobra al ganador.
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Honduras celebra hoy sus elecciones generales. En el universo de lo teórico, la idea aparenta ser simple: un Estado, sus candidatos, su gente y sus votos, sus resultados, el triunfo y la derrota y vuelta a empezar. En ese universo se pueden analizar las distintas aristas de un torneo electoral, e incluso las bendiciones y maldiciones de la democracia en tal o cual país. En Honduras, sin embargo, la cosa no es tan simple. Honduras pertenece a ese selecto grupo de entes políticos en los que la teoría y la realidad están muchísimo más peleadas que de costumbre. Para analizar sus comicios, entonces, tenemos que empezar aclarando qué clase de país es.

¿Estado fracasado?

Escribir sobre Honduras duele. Su tasa de analfabetismo real ronda el 15%. Entre el 65% y el 70% de sus 8.5 millones de habitantes (sobre) vive con menos de dos dólares al día, aunque el ingreso per cápita promedio apenas sobrepasa los 2 mil anuales. Con un déficit presupuestario del 6% de un PIB de 19 mil millones de dólares, el país se encuentra en medio de una marcada desaceleración económica, y para este año se esperan los peores resultados del último cuatrienio. Por si eso fuera poco, Honduras es el país más corrupto de Centroamérica, ocupando la posición 133 de 177 en el ranking mundial de Transparencia Internacional (50 puestos por debajo de Panamá).

La realidad pasa de lo preocupante a lo deprimente al considerar la evolución del país en los últimos años. Según encuestas, el 80% de los hondureños cree que su situación ha empeorado. En lo económico, el crecimiento promedio anual bajó del 5.7% (2005-2009) al 3.2%. Mientras tanto, el 10% más rico de la población obtuvo la totalidad de los aumentos en ingresos entre 2009 y 2011, disparando la desigualdad y aumentando (¡aún más!) la pobreza, que rondaba el 60% en 2009. En términos concretos, Honduras tiene hoy 1.8 millón de pobres más que hace cuatro años.

Y luego está la violencia. Honduras, lo sabe el planeta entero, es el país más violento de todos. Su tasa de 86 homicidios por cada 100 mil habitantes es casi 10 veces el promedio global y hace que los 24 de México parezcan una nimiedad. En promedio, más de 20 personas mueren a diario en sus calles, cifra que se dobla (!) en la ciudad de San Pedro Sula, verdadera capital mundial del asesinato. Las ciudades hondureñas son tierra de nadie, el escenario de una guerra a varias bandas entre las maras y el Estado en la que la justicia y la razón murieron hace tiempo: de acuerdo con una encuesta, el 75% de la población tiene poca o ninguna confianza en la fuerza pública.

Refiriéndose a la situación económica, un artículo del diario El País decía que Honduras era “un país en quiebra”. La descripción, más bien, podría extenderse a casi todos los aspectos de la sociedad. Ramón Custodio López, comisionado de Derechos Humanos, dijo hace más de un año a The Economist que el país iba “camino de convertirse en un Estado fracasado”. Hace unos meses, su diagnóstico se mantuvo: “el Estado de derecho se ha roto en este país”.

Las piyamas de Mel

El panorama que componen las estadísticas hondureñas habla de una situación aparentemente insostenible. A simple vista, Honduras podría ser un país al borde de un golpe de Estado. Y sin embargo, la realidad es exactamente lo contrario. Hace cuatro años, el presidente Manuel Mel Zelaya fue arrestado en medio de la noche, sacado de su casa en piyamas y puesto en un avión a Costa Rica. El episodio, considerado “legítimo” por algunos y golpe por otros (la mayoría), fue el inicio de un drama que siguió con el retorno secreto de Zelaya al país, su refugio en la embajada de Brasil, su exilio a República Dominicana y su eventual retorno a Honduras en 2011.

Está de más decir que Mel nunca recuperó el poder. Los partidos que han dominado la política hondureña por más de un siglo –Liberal (PL) y Nacional (PN)– se repartieron el ídem, primero con la gestión de facto de Roberto Micheletti –perteneciente al PL– y, tras elecciones, la presidencia del candidato del PN, Porfirio Lobo.

El affaire Zelaya fue controversial en el mundo entero, y marca la realidad hondureña hasta hoy. Su mística, por supuesto, reside en que combinó y revivió todos los fantasmas que recorren nuestras sociedades latinoamericanas. Por un lado, Mel, el Presidente popular y populista, moviéndose peligrosamente entre la necesidad honesta de hacer cambios profundos en una sociedad cuasifeudal y la cínica de cruzar los límites del juego democrático para convertirse en el enésimo caudillo; y por el otro el establishment político-económico del país, bailando entre el principio honesto de “proteger la democracia” (y todo lo demás) y el mezquino de mantener el statu quo, salvaguardar sus intereses y seguir siendo el dueño de Honduras. Y el golpe, el exilio, el apoyo estadounidense y la durísima descomposición del país desde entonces. Todo con sabor a déja vu. Todo en nombre de los ideales democráticos. No es de extrañar, entonces, que de acuerdo con el último Latinobarómetro los hondureños sean los menos satisfechos “con el funcionamiento de la democracia” en su país. Desde que los ricos la monopolizaron, salir de la pobreza se ha vuelto cada vez más caro.

La destitución de Zelaya le reveló al mundo que Honduras seguía siendo el país más conservador de América Latina. Y a pesar de que el orden tradicional –los que lo tienen todo y los que no tienen nada– se mantuvo y se afianzó, también empezaron a aparecerle grietas que han ido afianzándose con los años, aumentando la complejidad del panorama electoral hondureño.

Xiomara y los siete

La grieta más grande de la salida de Mel fue el nacimiento de un movimiento de indignación nacional, que a su vez dio paso a la creación del Partido Libertad y Refundación (Libre). Ese partido es liderado hoy por Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del expresidente.

La candidatura de Xiomara es, ante todo, altamente simbólica. De triunfar, se convertiría en la primera presidenta de Honduras y rompería más de 120 años de dominio bipartidista en el país. Su base está formada por un gran número de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, empresariales y de derechos humanos. Su agenda es abiertamente socialista y ha prometido soluciones comunitarias al problema de la seguridad, por encima de la militarización que vive el país. Su “joya de la corona” es la propuesta de una constituyente, para “refundar y reconciliar” a la sociedad hondureña.

A Castro, naturalmente, no le faltan detractores. Muchos temen que su candidatura –que ha sido descrita como “un proyecto de la izquierda internacional”– no sea más que el retorno encubierto de su marido –su principal asesor– al poder. Otros, además, temen medidas de venganza para con los perpetradores y entusiastas del golpe de 2009.

En general, la preocupación es que los Zelaya no hayan aprendido de sus errores y se vuelva a repetir la historia. Pero no termina ahí. Muchos pastores evangélicos –comunidad a la que pertenece un cuarto de la población– han criticado duramente a Castro por sus apoyo a la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros), y solicitado a sus fieles no votar por ella. “No voten por homosexuales y lesbianas, que corrompen los modelos de Dios”, declaró uno en agosto, mientras que en octubre otro aseguró que Dios le había hablado para criticar a la candidata.

Castro tendrá enfrente siete oponentes, todos hombres, entre los que destaca un comentarista deportivo con apellido de líder islamista –Salvador Nasralla– y el general que sacó a Zelaya del país, Romeo Vásquez, que declaró que “si por hacer prevalecer la Constitución (...) la gente me considera golpista, entonces lo soy”.

Pero el hombre a observar será Juan Orlando Hernández, expresidente del Congreso Nacional y candidato del establishment (PN). Su plataforma es más de lo llevado a cabo por su antecesor, Porfirio Lobo, y puede resumirse, al menos en términos de seguridad, en la promesa de “un soldado en cada esquina”. Más allá de sus propuestas, su candidatura ha causado preocupación en muchos sectores, incluyendo el Congreso estadounidense, que en una carta reciente denunció su “dominio de todas las instituciones gubernamentales”, incluyendo la autoridad electoral y el Ejército –que distribuye el material electoral–, “algo que deja muy pocos recursos para la ciudadanía”.

Las preocupaciones tienen fundamento. Al menos 18 activistas de Libre han sido asesinados desde mayo de 2012, más que de todos los demás partidos combinados. Durante la gestión de Lobo han sufrido el mismo destino al menos 67 abogados y 29 periodistas. La represión y persecución ha alcanzado también a los movimientos sociales, con el caso de la líder indígena Bertha Cáceres acaparando la mayor parte de la atención.

Cambiar todo y nada

De manera fascinante, los 5.3 millones de hondureños habilitados para votar llegan divididos a las urnas. Según las últimas encuestas, Castro y Hernández están empatados técnicamente con 27% y 28% de intención de voto, respectivamente, y con el candidato del PL, Mauricio Villeda, a 10 puntos de distancia.

La división de opiniones deja muchas lecturas. La principal de ellas, por supuesto, es la desconfianza –por unos motivos u otros– que generan ambas candidaturas en una sociedad tan particular, pero también están las realidades inmutables del país. Honduras es parte de la cuenca del Caribe, y por ende está sujeta a las obsesiones y paranoias estadounidenses. Si en la guerra fría sufrió por el anticomunismo, ahora lo hace por el narcotráfico: se estima que entre el 80% y 90% de la droga que se mueve entre Suramérica y EU aterriza en innumerables pistas clandestinas por todo el noreste hondureño. De ahí, los cargamentos empiezan a fragmentarse y moverse, poquito a poquito, hasta las narices estadounidenses.

El próximo Presidente tendrá muy poco margen de maniobra en este sentido. Ante la incapacidad de controlar su propio territorio, tendrá que seguir apoyándose económica y logísticamente en Washington, perpetuando el ciclo de violencia, muerte y corrupción. La pobreza hondureña es casi endémica, pero su desastrosa situación de seguridad –y la de México, El Salvador, Guatemala, etc.– se debe casi exclusivamente a la “guerra contra las drogas” estadounidense.

La elección, en definitiva, deja muchas preguntas abiertas. Si gana Xiomara, ¿habrá aprendido de los errores de su marido? ¿Cómo será su relación con el sector empresarial y, sobre todo, con la fuerza pública, que causa tanto miedo como las mismas maras? Y si se impone Hernández, ¿cuales serán los resultados de la militarización del país? ¿Seguirá la decadencia económica, la desigualdad y la desintegración del tejido social?

Las preguntas, si bien relevantes, presumen un ganador claro. ¿Y si no lo hay? Entonces habrá que observar la reacción de Washington, que en plena negociación con Irán tendrá muy poco margen de acción –y paciencia– para lidiar con problemas en su patio trasero. Tomando en cuenta que en seis meses nos toca a nosotros –Joe Biden probablemente le advirtió esto a los candidatos–, Honduras y sus elecciones adquieren un perfil completamente distinto. Al buen entendedor...

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