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Yihadistas no podrán retornar

El Gobierno británico presentó al Parlamento un proyecto de ley que impedirá el retorno de presuntos terroristas.
Un policía fuertemente armado custodia afuera del Parlamento británico. REUTERS/Paul Hackett. Un policía fuertemente armado custodia afuera del Parlamento británico. REUTERS/Paul Hackett.
Un policía fuertemente armado custodia afuera del Parlamento británico. REUTERS/Paul Hackett.

El Gobierno británico presentó ayer en el Parlamento un proyecto de ley que le permitirá impedir temporalmente el retorno al Reino Unido de presuntos yihadistas, entre críticas de expertos legales y organizaciones de defensa de las libertades civiles.

La ministra de Interior, Theresa May, dijo que la ley es “esencial” para hacer frente “a las graves y cambiantes amenazas” que afronta el país. “En una sociedad abierta y libre nunca podremos eliminar completamente la amenaza del terrorismo, pero debemos hacer todo lo posible de acuerdo con nuestros valores compartidos para reducir el riesgo que plantean nuestros enemigos”, declaró.

Según la ministra, el texto, que también otorga a la policía poderes para confiscar pasaportes de sospechosos en los puntos de entrada y salida al país, incluye “propuestas mesuradas y dirigidas” que buscan garantizar la seguridad nacional.

Sin embargo, el proyecto legislativo, que ya adelantó en septiembre el primer ministro, David Cameron, ha sido cuestionado por el propio asesor gubernamental en materia de terrorismo, David Anderson, y varios grupos defensores de las libertades civiles.

En una declaración ante una comisión parlamentaria, Anderson expresó sus reservas por la aplicación práctica de las llamadas órdenes temporales de exclusión, que impiden el regreso de los presuntos yihadistas, y echó en falta “implicación de los tribunales” para ofrecer garantías legales al proceso.

El abogado señaló, no obstante, que, a su entender, el Gobierno prevé usar esas polémicas órdenes no tanto para mantener alejados a los sospechosos, con el riesgo de convertirlos en “apátridas”, sino a fin de “gestionar su retorno”, condicionándolo a que accedan a entrevistarse con la policía.

Amnistía Internacional (AI) advirtió por su parte de que una legislación de este tipo requiere “un análisis detallado y detenido”.

El presidente de la Comisión islámica de derechos humanos, Massoud Shadjareh, dijo que las medidas “alienarán” a la población musulmana y pueden impulsar agresiones contra el colectivo, así como fomentar la radicalización de jóvenes.

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