FISCALIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS ES UNA TAREA PENDIENTE

Para erradicar la corrupción

Varios países de la región presentan los avances, obstáculos y recomendaciones para combatir la corrupción.

La declaración y fiscalización del patrimonio de los funcionarios, los conflictos de intereses y los procedimientos para nombrar “altas autoridades” son algunos de los temas pendientes relacionados con la corrupción que preocupan a las organizaciones de la sociedad civil de América.

Como parte de las reuniones de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, representantes de Colombia, Chile, Guatemala, Colombia y Panamá se reunieron ayer en Washington, Estados Unidos, para presentar los avances y obstáculos relacionados con este tema.

Acción Ciudadana de Guatemala resaltó, por ejemplo, que en su país la elección de “altas autoridades” responde a “negociaciones políticas y partidarias”, refiriéndose específicamente a la conformación de la junta directiva del Congreso Nacional. Tampoco existen mecanismos de nombramiento de servidores públicos basados en méritos ni la rendición de cuentas.

El representante de Guatemala, David Gaytán, agregó que las declaraciones patrimoniales “continúan siendo confidenciales” y que el ente encargado de verificar estas declaraciones no tiene un “sistema eficiente de control y sanción”.

Gaytán también mencionó que al no existir un mecanismo de nombramiento basado en méritos en el Estado, se impone el tráfico de influencias. Es necesario además aprobar códigos de conducta “para evitar los conflictos de intereses” y establecer sanciones para cuando se incumpla.

Para Acción Ciudadana, Guatemala necesita una política pública de combate a la corrupción, porque ahora cada institución establece normas por separado, con la posibilidad de que se reformen con los cambios de gobierno.

En el caso de Colombia –representada por la Secretaría de Transparencia–, aunque existe un Estatuto Anticorrupción, todavía no se ha reglamentado ni se ha puesto completamente en ejecución por falta de recursos técnicos y humanos.

Chile pareció el mejor parado durante la presentación de los informes en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Francisco Sánchez, de la organización Chile Transparente, mencionó que en el país suramericano son públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, aunque acotó que es necesario “avanzar en la verificación de la veracidad” de esas declaraciones.

Sánchez agregó que en el Congreso Nacional está pendiente la aprobación de un proyecto sobre Probidad en la Función Pública, que le daría mayores poderes a la Contraloría para verificar las declaraciones así como para sancionar a los funcionarios que no cumplan con su publicación en el momento de dejar sus cargos.

El representante de Chile Transparente también planteó la necesidad de regular el acceso a la información pública contenida en los correos electrónicos.

“Hay que avanzar también en el tema de las limitaciones de incompatibilidad del posempleo público”, puntualizó, refiriéndose a los funcionarios que pasan a ocupar puestos en instituciones privadas que eran fiscalizadas por ellos mismos.

El encuentro de seguimiento de la Convención se extenderá hasta el próximo 13 de septiembre. Con este mecanismo de evaluación se busca prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en América.

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