ATAQUES AL PODER JUDICIAL EN CENTROAMÉRICA

Una independencia molesta

La Fundación para el Debido Proceso remarcó que la separación de poderes es primordial, ya que garantiza la base para que se administre justicia.

Ataque al Poder Judicial. Este calificativo ha sido usado por algunas organizaciones internacionales para definir los últimos episodios que han enfrentado a los poderes legislativos y ejecutivos contra el Judicial en algunos países de Centroamérica.

Lo sucedido sobre todo en El Salvador y Honduras, son hechos que reflejan injerencias indebidas contra la justicia constitucional.

Estas actuaciones donde el Ejecutivo y el Legislativo no acatan las sentencias de los altos órganos de justicia, debilitan la separación de poderes, que es uno de los pilares del estado de derecho.

DESTITUCIONES

El pasado 12 de diciembre de madrugada, el Congreso Nacional de Honduras aprobó con 97 votos a favor y 31 en contra, destituir a cuatro de los cinco magistrados que componen la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además, automáticamente nombraron a sus sucesores.

Esta destitución fue argumentada por los legisladores en base a que los jueces destituidos habían emitido un fallo sobre la ilegalidad de las pruebas de confianza para la policía nacional.

Este cuerpo de seguridad del Estado está compuesto por 14 mil 500 efectivos y ha sido investigado porque algunos de sus miembros se han visto involucrados en varios delitos.

Al declarar los magistrados que las pruebas antidrogas y los detectores de mentiras era ilegales, el presidente del Parlamento, Juan Hernández, afirmó que el fallo de los jueces era “prácticamente una conspiración”.

Por su parte, el presidente hondureño, Porfirio Lobo, estaba a favor de este cambio de los magistrados.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) consideró en un comunicado que este hecho se llevó a cabo por el Parlamento “sin tener facultades o atribuciones para un acto de esta naturaleza”. Además, señaló que “esta destitución nos sitúa frente a un escenario similar al golpe de Estado de junio de 2009”.

Algunos diputados que votaron en contra, calificaron el hecho como un “golpe técnico”, ya que la sala no avaló la decisión del Poder Ejecutivo y Legislativo de llevar a cabo las pruebas de confianza.

INTENTO

En El Salvador se ha dado también otra crisis entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia.

En este caso, se basa en las decisiones que la Sala Constitucional, elegida en 2009, ha tomado en los últimos meses.

Algunas de sus decisiones han sido consideradas polémicas por la clase política, ya que están enfocadas a renovar el sistema político del país.

La Sala Constitucional ha cambiado leyes electorales, ha cancelado partidos políticos, ha otorgado autorización a candidatos independientes para su postulación.

Y también ha limitado el uso discrecional que el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, puede hacer con fondos públicos.

Parte de las decisiones de la Sala Constitucional provocaron el rechazo en la clase política salvadoreña. Sobre todo cuando se ratificó la disolución del Partido Demócrata Cristiano y del Partido de Conciliación Nacional.

El motivo fue que durante las elecciones de 2004, ninguno de los dos logró alcanzar el mínimo del 3% de los votos reclamados por la ley electoral para poder seguir existiendo.

Con esta ratificación, la Sala Constitucional fue en contra del decreto 586 aprobado en 2005 por el Legislativo que permitió la supervivencia de estos dos partidos a pesar de que en 2004 debieron ser disueltos. Otro hecho fue cuando cuatro de los cinco magistrados de la CSJ aprobaron una sentencia que obligaba a la Asamblea Nacional a autorizar las candidaturas independientes.

Además, este órgano judicial también estaba preparando cambios donde el sistema electoral pasaría a ser por cocientes y residuos y de un sistema de listas abiertas en vez de por partido, así como mayor transparencia en el financiamiento electoral durante las campañas.

Ante esto, la Asamblea Nacional aprobó el decreto número 743, donde se le exigía a la Sala de lo Constitucional que todas sus decisiones debían contar con el voto a favor de los cinco magistrados que la componen. Con esta actuación se limitaba la independencia de dicha sala.

Este decreto fue aprobado por el presidente Funes el día después que lo hiciera la Asamblea.

En medio de esta situación la Sala Constitucional también declaró ilegal el pasado 6 de junio, la elección de los cinco magistrados efectuada por el Congreso en abril y otra elección igual de 2006.

Por ello, ordenaba que esos cargos fueran de nuevo elegidos.

Algunos diputados no acataron el fallo y elevaron el caso a la Corte Centroamericana de Justicia.

Esta Corte decidió que el fallo de la Sala Constitucional no tenía efecto y ordenaba a la justicia de El Salvador no hacerla efectiva. Esta decisión contó con el rechazo de la Sala Constitucional.

Varios organismos salvadoreños consideran que es un “golpe de Estado al Poder Judicial”, ya que Funes apoyó la decisión de la Corte Centroamericana a pesar de que la Sala Constitucional declaró que era “ilegal”. Con el apoyo del presidente Funes, los magistrados tomaron cargo de sus puestos.

RECLAMOS

La Fundación para el Debido Proceso remarcó que la separación de poderes es primordial, ya que garantiza la base para que se administre justicia. Este señalamiento es consecuencia de las dificultades en Centroamérica para mantener la independencia judicial del resto de los poderes.

La Comisión Internacional de Juristas se unió a estas peticiones al estimar que 2012 fue un año donde legislativos, partidos políticos y abogados atacaron el Poder Judicial, sobre todo en Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Además, la CIJ recalcó que los hechos ocurridos en esas naciones suponen que están “incumpliendo sus obligaciones internacionales respecto a la independencia de poderes”.

Designación inconsulta

Para la Alianza Ciudadana pro Justicia, 2012 fue un año en el que se registraron injerencias indebidas de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre jueces y magistrados en casi todos los países de Centroamérica, y Panamá no fue la excepción.

Un informe de la organización difundido este mes da cuenta de ataques contra los órganos judiciales de El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Panamá. En el caso local, la alianza destaca la designación por parte del Consejo de Gabinete del procurador de la Nación, José Ayú Prado, como nuevo magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Aníbal Salas, cuyo período venció el pasado 31 de diciembre tras 10 años de gestión.

De acuerdo con la organización de la sociedad civil, dicha designación vulneró abiertamente los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, suscrito por diferentes sectores del país en 2005, y que daba participación a la ciudadanía en el proceso de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema.

A juicio de la alianza, el nombramiento de Ayú Prado se realizó en medio de un proceso “opaco y sin participación pública alguna”, lo que también violó normas y tratados internacionales suscritos por Panamá. El informe también resalta como una injerencia indebida el nombramiento de Ana Belfon, asesora legal de la Presidencia de la República, como reemplazo de Ayú Prado en la Procuraduría de la Nación.

De acuerdo con la alianza, la cercanía de Belfon con el presidente Ricardo Martinelli pone en entredicho la independencia de las decisiones que pueda tomar al frente del Ministerio Público.

Ambos funcionarios, sin embargo, han negado pública y rotundamente estar ligados al Órgano Ejecutivo.

Rafael Luna Noguera

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