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La situación política en Venezuela

Lo que el pueblo aguante

Entre guerras económicas y poderes especiales, Nicolás Maduro intenta consolidar poder de cara a los comicios del 8 de diciembre. Sus mayores amenazas vienen del propio chavismo.

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los medios delante de una pintura de Simón Bolívar y Hugo Chávez, durante una rueda de prensa ayer en Caracas. AFP/Juan Barreto. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los medios delante de una pintura de Simón Bolívar y Hugo Chávez, durante una rueda de prensa ayer en Caracas. AFP/Juan Barreto.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los medios delante de una pintura de Simón Bolívar y Hugo Chávez, durante una rueda de prensa ayer en Caracas. AFP/Juan Barreto.

De Nicolás Maduro se ha dicho que tiene como ejemplo para Venezuela a Cuba y su gobierno. Sus tácticas como presidente, sin embargo, parecen demostrar una amplitud de miras superior a la que muchos le hemos atribuido. La solemnidad y pasión con la que ejerce de Pontifex Maximus de la iglesia chavista –que en menos de un año ya registra milagros ornitológicos y geológicos– solo puede tener parangón en las entrañas del régimen norcoreano, donde la familia Kim goza de un estatus cuasidivino. Pero el mundo, sabe, es mucho más grande. Quizá por eso ha decidido buscar inspiración económica en el Zimbabwe de Mugabe.

De Harare a Caracas

En 2007, Robert Mugabe declaró la guerra a la inflación y a la empresa privada, forzando a los comercios a bajar los precios. El pueblo no tardó en responder, saliendo a la calle “a comprar como si no hubiera mañana”, en palabras del corresponsal de The Guardian. Mientras los televisores de pantalla plana se vendían por poco más de $30, los economistas advertían que la “Operación Reducción de Precios” agravaría la crisis económica -la inflación estaba en el 20,000%- porque los comerciantes no podrían reabastecer sus comercios. Para Mugabe esas advertencias eran “economía de biblioteca”. Pero las consecuencias fueron reales: a los pocos días, la escasez era tremenda. El combustible solo se conseguía en el mercado negro, siete veces más caro que el precio oficial (y tres más que el establecido por las gasolineras). Dos años después, el dólar zimbabuense fue abandonado.

Mugabe acusaba a la empresa privada de alimentar la inflación. Maduro también. El presidente anunció a principios de mes acciones con el doble objetivo de “avanzar en la conformación de un nuevo orden económico de transición al socialismo y derrotar la guerra económica promovida desde Estados Unidos (EU) en alianza con la derecha”. Las medidas –que incluyen la creación de nuevas instituciones y mecanismos, el “reajuste” y el “reordenamiento”, “optimización” y “profundización” de ciertas cosas comenzaron por la ocupación de las tiendas Daka, forzando –a punta de pistola– la venta de sus electrodomésticos a “precios justos” -hasta a un tercio del establecido- luego de “haber encontrado sobreprecios hasta de 1000%”.

Mientras Caracas se convertía en Harare -saqueos incluidos-, Maduro recordaba que esto era solo el principio de una guerra que se supone a muerte. Pero detrás de la verborrea la ocupación de las Daka se revela como una táctica a corto plazo para lograr varios objetivos, como la distribución de electrodomésticos en época prenavideña (y preelectoral) y la distracción temporal de los verdaderos problemas del país. Todo se enmarca en la táctica –establecida por Chávez pero usada con frecuencia por Maduro- de culpar a la oposición, el sector privado y los medios (“por crear ansiedad”) de los males del país.

Economía, ideología y corrupción

Los verdaderos problemas de Venezuela son muchos y muy profundos y gran parte gira en torno a la economía. Casi todos los análisis señalan las escasez -siendo el papel higiénico el artículo predilecto- y la inflación como pruebas de que la situación está al borde del colapso.

Pero el asunto no es tan sencillo. Inundado por sus ingresos petroleros -$93 mil 600 millones en 2012-, el país sigue teniendo dinero para cubrir los gastos -59 mil 300 millones en importaciones- e incluso presentar un superávit del 2.9% del PIB. Sus reservas internacionales, si bien disminuyendo, aún son de casi $36 mil millones -21 mil millones en el Banco Central y unos $15 mil más en otras agencias gubernamentales-, suficientes para cubrir unos 8 meses de importaciones (3 meses se considera suficiente) y su capacidad de endeudamiento -también empeorando- sigue siendo aceptable. Todo esto hablando de un gobierno que ha logrado un crecimiento promedio del 2.7% anual en el ingreso real per cápita y reducido la pobreza a la mitad -bajando 6% solo en 2012- en la última década. Venezuela, en palabras del economista estadounidense Mark Weisbrot, “tiene suficientes reservas e ingresos internacionales para hacer lo que desee, incluyendo la disminución del valor del dólar en el mercado negro y la eliminación de casi toda la escasez”.

El párrafo anterior no debe servir, ni mucho menos, para levantar el optimismo de nadie. Al contrario, las cifras solo resaltan la fabulosa riqueza del país y el terrible manejo de sus recursos por parte de sus gobernantes (y ciudadanos). ¿Cómo puede ser que los supermercados estén desoladoramente vacíos y que su gobernante tenga que hablar con pajaritos y emular a uno de los dictadores más terribles de África para sobrellevar la situación?

La respuesta es a la vez simple y compleja: Venezuela se ha convertido en una máquina de despilfarrar dinero gracias a una combinación de ideología y corrupción. La ideología ha llevado al gobierno a un gasto público estratosférico sin ningún control ni supervisión; a la reorientación del comercio petrolero -vender menos a EU y más a China e India o regalar crudo a cambio de apoyo político- y a la polarización de la sociedad. La ideología, en pocas palabras, ha llevado al Estado a ignorar las reglas básicas de la economía. Esas ineptitudes y distorsiones se ven reflejadas en la venezolanísima política -muy anterior a Chávez- de regalar gasolina que hoy se importa a precios de mercado.

Las tendencias económicas suicidas de la revolución bolivariana se agravan por las casi infinitas oportunidades de especulación y corrupción. La dependencia del Estado ha llevado a un alarmante desmejoramiento (o colapso) de la producción y la industria nacionales -incluso la petrolera- y a un culto a la burocracia -20% de la fuerza laboral trabaja para el Estado, por 3.9% en Colombia- cuyo principal exponente es el ya famoso ministerio de la felicidad; el dinero que se destina a programas sociales termina muchas veces en los bolsillos de unos pocos; los controles de capital y divisas son algo más que una gran estafa en las que algunos –mayoritariamente chavistas– están enriqueciéndose a costa del sufrimiento del pueblo.

Según Transparencia Internacional, solo 9 países la superan en corrupción -Haití en este hemisferio- en el mundo. En una reciente encuesta, una de cada cinco personas dijo haber pagado alguna coima gubernamental en el último año. Y en otra, el 70% aseguró que la corrupción ha empeorado en los últimos 12 meses.

El pueblo, ¿soberano?

Todo esto, por supuesto, es de dominio público y reconocido por el gobierno. Pero la combinación de ideología y corrupción es un veneno que paraliza su capacidad de reacción. Solo así se explica la creciente mentalidad de asedio que excluye a chavistas críticos y pragmáticos y demoniza con cada vez más vehemencia a quien se le oponga. El gobierno, en vez de reformarse, ha ido enquistándose en absurdas posiciones y planteamientos, incapaz de modificar las políticas que desangran al país y amenazan con destruir su tejido social. Maduro, que tanto aprendió de Mugabe y los Kim, haría bien en comprarse una biografía de Deng Xiaoping.

El Gobierno, no obstante, es en última instancia un régimen populista. Y la gran pregunta es hasta cuándo aguantarán las masas el gobierno “revolucionario”. Las elecciones de abril dieron el primer aviso y se podría decir que el chavismo, a pesar de pajaritos y demás milagros, vive un gradual -y quizá irreversible- proceso de descomposición y fragmentación tras la muerte de Chávez. Bajo esa lógica, las elecciones municipales del 8 de diciembre -las primeras en la era Maduro- se han convertido en un referendo sobre la popularidad del gobierno. Todos los eventos mediáticos de las últimas semanas pueden ser interpretados a la luz de esos comicios.

Maduro tiene motivos para preocuparse. Según una encuesta, el 41% de los venezolanos considera que está haciendo un buen trabajo, frente a un 55% que desaprueba su gestión. Se estima que la oposición puede hacerse con entre 20 y 25 de las 33 ciudades más grandes (ya controla 14) e incluso ganar en el voto popular. Una debacle electoral podría traer consecuencias dramáticas no solo en el ya envenenado ambiente entre oficialismo y oposición sino a lo interno del chavismo.

Esta consideración es determinante para entender la decisión de la Asamblea Nacional de otorgar a Maduro la capacidad de gobernar por decreto por un año. A corto plazo, el Presidente obtiene un importante margen de maniobra para realizar sus guerras económicas, aparte de enviar el mensaje al extranjero –sobre todo a los chinos, con los que negocia préstamos importantes– de que sigue en pleno control.

Problemas caseros

Pero lo interesante es el aspecto interno. Chávez obtuvo los poderes cuatro veces y los utilizó para aprobar más de 200 leyes. Maduro los solicitó a principios de octubre y solo los ha conseguido tras el escándalo de María Aranguren. El primer punto sobresaliente es lo difícil que ha sido para Maduro algo que a su predecesor no le sacaba ni una gota de sudor, lo que levanta dudas sobre cuán monolítico sigue siendo el establishment chavista.

Las dudas no terminan ahí. A principios de octubre, también, Maduro anunció el nombramiento del ministro de Petróleo y Minas, Rafael Ramírez, como vicepresidente encargado de Economía, desplazando del cargo a Nelson Merentes, ministro de Finanzas. Aunque Merentes conservó su ministerio su retiro del círculo más cercano del Presidente deja varias lecturas, como el descarte de las posiciones económicas pragmáticas por la ortodoxia que caracteriza a Ramírez y al ministro y vicepresidente de Planificación, Jorge Giordani, aparente ganador de la pugna ideológica. Ramírez es además presidente de PDVSA, lo que reafirma el rol fundamental de la petrolera en el gasto público.

La última gran interrogante es la de los hombres armados. Para nadie es un secreto que desde que Chávez tomó la -inusual- decisión de designar un sucesor civil, las relaciones de Maduro con las Fuerzas Armadas han sido un signo de interrogación en la política venezolana. El presidente parece jugar a varias bandas, aparentemente inseguro de los militares. A sus constantes visitas y alabanzas públicas se unen medidas sospechosas como la colocación de defensas antiaéreas en los cerros de Caracas, que servirían de ayuda en caso de un golpe militar.

Es de conocimiento público, también, la tolerancia o incapacidad de acción del Presidente contra la corrupción que parece extenderse por el cuerpo militar: hace unas semanas, por ejemplo, un operativo europeo interceptó 1.3 tonelada de cocaína, en un vuelo Caracas-París, aparentemente compradas por el ejército a las FARC y destinadas a la mafia italiana.

Las relaciones entre ejército y Presidente podrían estar también en el corazón de la “guerra económica”: algunos analistas han señalado la relación de ciertas facciones del ejército con el sector privado, sugiriendo que los ataques de Maduro a las tiendas Daka -y los que vendrán- pueden ser una táctica para separar el trigo de la paja entre los uniformados, similar a lo que supuso el fallido golpe de abril de 2002 para Chávez.

Las próximas semanas traerán más movimientos orientados a la consolidación de poder del presidente. Aunque las intenciones de los militares siguen siendo una incógnita, se vislumbra poco incentivo para ellos en intervenir para hacerse cargo del desastre económico del país. El panorama se aclarará un poco cuando el pueblo dé su veredicto en las urnas. Si la oposición sale reforzada, la nomenklatura tendrá que decidir si unirse o acelerar su fragmentación. Entonces, quizá Maduro tenga que llamar a Pyongyang y Harare para preguntar cómo mantenerse en el poder.

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