EL PRECIO DE LA DENUNCIA

Los tábanos de Álvaro Uribe

Uribe ´detesta visceralmente´ a todos los que no piensen como él, comentó el periodista Felipe Zuleta Lleras.

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Personajes de la vida pública de Colombia que ocuparon posiciones incómodas durante los dos mandatos de Álvaro Uribe (2002-2010) o cuyas declaraciones fueron críticas para el exmandatario, enfrentan hoy problemas legales.

Uno de los casos más sonados durante la administración pasada fue el del magistrado auxiliar de la Corte, Iván Velásquez. Este funcionario, que coordinaba las investigaciones de la parapolítica, fue demandado en 2007 por el expresidente, quien aseguró que, a través de una entrevista que le hizo al exparamilitar Orlando Moncada (alias Tasmania), él [Velásquez] estaba buscando testigos para vincularlo a él y a su primo Mario Uribe –hoy preso– con paramilitares.

Inicialmente, Tasmania declaró contra Velásquez diciendo que sí estaba buscando pruebas para incriminar a Uribe, pero unos días después se retractó y aceptó que había habido un complot contra Velásquez en el que vinculó a Mario Uribe y a Santiago Uribe, hermano del entonces mandatario.

Velásquez sostiene su inocencia. Para él, todo lo que ocurrió alrededor del caso Tasmania –incluyendo la demanda de Uribe, que hoy está archivada– obedeció al propósito de “excluirme de las investigaciones que se adelantaban por parapolítica, que incomodaban no solo al gobierno al referirse en su mayoría a congresistas de la coalición de gobierno, sino también a políticos muy influyentes que se veían afectados. Resulta muy coincidencial que todo el escándalo contra mí se arma justo después de que la Corte ordenara la indagatoria de Mario Uribe”.

UNA HISTORIA HILADA

También relacionado con el proceso que se le sigue al primo del mandatario, fue demandado el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia. La querella se originó porque, en 2008, Valencia declaró al diario El Espectador que Uribe lo había llamado desde Nueva York para hablarle del caso Tasmania y que en la llamada había hecho referencia a su primo Mario.

Uribe dio por sentado que Valencia decía que él lo estaba presionando y le formuló una denuncia por calumnia e injuria.

Esta demanda está en proceso ante una comisión del Congreso denominada Comisión de Acusación e Investigación.

De los 15 parlamentarios que integran ese grupo, 12 pertenecen a la coalición del uribismo, asegura el abogado de Valencia, Ramiro Bejarano.

“Si hay justicia, no debería pasarle nada a Valencia, pero es difícil que la haya en una corporación cuyo origen es político y que está integrada por 12 de 15 allegados a Uribe”, sentencia.

Bejarano también tiene problemas con Uribe, aunque no de tipo judicial.

Conocido por sus críticas columnas en El Espectador, Bejarano provocó en varias ocasiones la ira del mandatario, con el que protagonizó duros enfrentamientos verbales. “Fui la primera persona que hablo mal de él, incluso antes de que se posesionara. Él no le convenía al país, por el poco respeto por los derechos humanos y por su intolerancia”, dice.

Las declaraciones bruscas entre el abogado y el político se agravaron cuando el primero representó a Valencia.

Aunque no hay demandas de por medio, el también exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad asegura que ha sido “objeto de ataques, de averiguaciones sobre mis bienes y dónde tenía registradas mis firmas, así como de intentos de enlodarme en cosas indebidas, como decir que las chuzadas también se habían presentado durante mi gestión”.

Para Bejarano, hay tres razones por las que este grupo de personas ha terminado afectado por el gobierno de Uribe: uno, la “intolerancia” del exmandatario. Dos: “las circunstancias en las que hicimos público que él estaba haciendo una guerra sucia contra nosotros, lo que agravó su persecución”. Y, tres: “un ánimo de revancha y furia porque lo hemos criticado públicamente, no nos hemos doblegado ante su poder o descubrimos muchas de las cosas sucias del gobierno”.

GUERRA DE DENUNCIAS

Otro que está enfrentado judicialmente con Uribe es el ex magistrado presidente de la Corte Yesid Ramírez.

Uribe ha presentado dos denuncias en su contra. La primera fue por supuesto prevaricato [delito consistente en dictar a sabiendas una resolución manifiestamente contraria a la ley] al haber pedido la investigación de sus hijos en un caso de influencias en el nombramiento de un notario.

Esta querella está en trámite en la Comisión de Acusaciones del Congreso.

La segunda, en tanto, fue presentada a través de un ministro y un consejero presidencial, por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de la mafia en la Corte. Esa, sin embargo, está archivada por falta de pruebas.

Para Hugo Quintero, abogado de Ramírez, “Uribe la agarró con Yesid porque era la figura visible de la Corte, a la que él necesitaba desprestigiar por todo lo que venía haciendo en persecución de la parapolítica. La Corte se le atravesó a Uribe y a sus políticas en muchas materias, como el descubrimiento de que la reelección había sido comprada y el rechazo de algunas extradiciones de jefes paramilitares. Uribe no soportaba que la Corte fuera independiente y autónoma. Para él, debía ser su aliado incondicional. Todo se trata de una campaña de desprestigio montada por el exmandatario”. En eso último coincide el parlamentario Iván Cepeda, quien ha intentado demostrar –bajo ese cargo y también como defensor de los derechos humanos– las relaciones de Uribe y su familia con los grupos paramilitares y las estructuras del narcotráfico, así como la supuesta protección a narcotraficantes y las supuestas órdenes de ejecutar masacres. Aunque no están enfrentados judicialmente, esas acusaciones de Cepeda han suscitado la reacción de Uribe, quien lo ha llamado desde “sicario moral” y “aliado de los terroristas” hasta “vocero de nostálgicos de narco-Farc”.

Según el parlamentario, como consecuencia de sus diferencias con Uribe ha sido hostigado y ha recibido atentados contra su vida. “A él lo que le molesta es que estoy entregando documentos y testimonios que lo implican a él y a sus familiares con aparatos criminales. Eso es todo”, asegura Cepeda.

UNA INTENSA PELEA

Durante los ocho años que se mantuvo en el poder, Uribe mantuvo una guerra campal con Daniel Coronell, uno de los periodistas más críticos de su gobierno.

Coronell era hasta hace unos meses el director del noticiero Noticias Uno, que entre otros escándalos, desencadenó el de la “Yidispolítica”, que consistió en la compra de votos parlamentarios para la primera reelección de Álvaro Uribe, y el de la declaración de zona franca de Mosquera, territorio en el que los hijos de Uribe eran propietarios de varios terrenos, con lo que su inversión se multiplicó unas 100 veces.

Hoy, Coronell es el vicepresidente de la cadena hispana Univisión.

Las discusiones verbales entre Uribe y Coronell fueron noticia decenas de veces, aunque la pelea llegó a los estrados judiciales en 2010, luego de que Coronell denunciara que los hijos de Uribe habían promovido una reunión en Panamá en la que estuvieron miembros de la familia Nule (que tiene por lo menos 18 causas penales abiertas por evasión de impuestos, corrupción y maniobras financieras irregulares por anomalías en la construcción de infraestructura en Colombia) y otros interesados en la millonaria licitación de la Ruta del Sol, que entregó la administración Uribe.

Inicialmente los Uribe dijeron que la noticia era injuriosa, pero luego aceptaron que la reunión sí ocurrió, dado que tienen por lo menos 18 causas penales abiertas por evasión de impuestos, corrupción y maniobras financieras irregulares por anomalías en la construcción de infraestructura en Colombia. La demanda fue desestimada.

Con igual suerte corrió la segunda demanda presentada contra Coronell.

Esta vez, el demandante fue Santiago Uribe, hermano del expresidente, quien tomó acciones judiciales luego de que Noticias Uno publicara las declaraciones de un antiguo oficial de la policía que aseguraba que Santiago Uribe dirigía un grupo paramilitar. Esta querella también fue archivada.

Posteriormente, Coronell –que fue contactado por este diario pero explicó que no podía dar declaraciones porque su contrato con Univisión se lo prohíbe– llevó a la instancia judicial su pelea con Uribe y sus hijos. Los demandó por injuria y calumnia luego de que lo llamaran “mafioso, sicario, estafador y extorsionista”. Está denuncia se encuentra en marcha.

Los roces con periodistas durante el gobierno Uribe también alcanzaron a Hollman Morris –especializado en conflictos armados–, a quien el exmandatario acusó de complicidad con la guerrilla luego de que cubriera un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. Aunque la demanda fue desestimada por falta de argumentos, Morris –hoy exiliado– asegura que fue víctima de múltiples amenazas, gran parte de ellas a través del Departamento Administrativo de Seguridad y la exdirectora de esa entidad María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá.

Morris ha dicho que lo de Uribe es una “cacería contra el pensamiento crítico”. “La conducta del [entonces] mandatario se repite mucho y se ha convertido en una política de estigmatización contra los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y a todos aquellos que critiquen cualquier actividad corrupta de Uribe. El presidente Uribe acusa a todos sus críticos de tener vínculos con la guerrilla y cuando una acusación de estas se produce, todos los colombianos sabemos qué efectos tiene. Lo peor es la muerte, el mal menor es tener que exiliarse”, ha declarado.

Lo que sucede con Uribe, ha declarado el abogado, político y periodista colombiano Felipe Zuleta Lleras, quien se ha enfrentado en múltiples ocasiones con el expresidente tras asegurar que tiene vínculos con grupos narcotraficantes y que era “polémico, frentero y divagador”, es que “detesta visceralmente a todos aquellos que no piensen como él. Quienes hicimos oposición al régimen de Uribe fuimos estigmatizados, tachados de guerrilleros, perseguidos, ´chuzados´. Si hay algo que nos quedó claro después de estos ocho años, es que Uribe implantó la política del todo vale, corrió los bordes del Código Penal y las líneas de la ética y las buenas costumbres. Y conociendo que para Uribe todo vale, es claro que quienes le hicimos oposición quedamos expuestos a peligrosas retaliaciones”.

El escándalo de las ´chuzadas´

En agosto de este año, Álvaro Uribe declaró a los medios colombianos que “jamás” ordenó espiar ni interceptar a periodistas ni políticos de la oposición. Por el contrario, remarcó en un discurso ante la Comisión de Acusación del Congreso, fueron los periodistas quienes lo maltrataron y le mintieron a él.

El exmandatario se refirió directamente a los casos de Daniel Coronell y de Hollman Morris. Sobre el primero, dijo que había “mentido” cuando dijo que él había ordenado la interceptación de sus teléfonos. Y acerca de las demandas que los enfrentan, indicó que “Coronell me hizo cargos muy graves, se los respondí (...) Jamás, jamás de los jamases se me ha pasado por la mente ordenar una persecución a un periodista, a una ONG, yo combato con las armas sobre la mesa, con claridad, la única vez que le pregunté al general (Óscar) Naranjo (director de la Policía Nacional) por Coronell fue cuando se iba a EU por seguridad porque aquí tenía amenazas, tuvo buen nivel de seguridad durante mi gobierno”.

Sobre Hollman Morris, sostuvo que lo ha “maltratado” y que “violó” un acuerdo para la liberación de unos rehenes por parte de las FARC. “De acuerdo a ese mecanismo durante horas habría parálisis de operaciones militares, nosotros cumplimos, el señor Morris violó esos límites y se fue a entrevistar a la guerrilla. Un gobierno que procedió de buena fe para facilitar las liberaciones se ve totalmente estafado por alguien que había demostrado bastante desafecto al gobierno y bastante afecto y cercanía a la guerrilla”, declaró el exmandatario.

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