Reflexiones sobre la Operación Causa Justa

Las verdades de una violación

El debate sobre la invasión sigue enmarcado en los tópicos de siempre, tan repetidos como políticamente correctos. Está“prohibido olvidar” para “preservar la memoria colectiva”. Y un cuarto de siglo después, hasta ahí llega la discusión.
Las verdades de una violación Las verdades de una violación
Las verdades de una violación

Hace poco más de una semana se cumplieron 25 años del inicio de la Operación Causa Justa, conocida en Panamá como “la invasión”. Como sucedió en las 24 ocasiones anteriores, la fecha pasó sin pena ni gloria por el panorama navideño de nuestro país: el dolor y la frustración de quienes la sufrieron –y la sufren— en carne propia fue ahogado por una indolencia generalizada que se va tornando en ignorancia –así, sin más— a medida que los Viernes Negros se convierten en Black Fridays.

Al ser un aniversario “especial”, la esfera pública se vio obligada a hacer un esfuerzo extra en su cobertura: más horas de radio y televisión, más páginas en periódicos y revistas e, incluso, por primera vez, una producción cinematográfica nacional sobre la invasión. Nada de esto, sin embargo, sirvió para romper el modus operandi de todos los 20-D, ese “decir mucho sin decir nada” que los panameños hemos convertido en un arte.

En general, y salvando las declaraciones de Marc Cisneros, el debate estuvo enmarcado por los tópicos de siempre, tan altisonantes como vacíos, tan repetidos como políticamente correctos. Está“prohibido olvidar” para “preservar la memoria colectiva”. Un cuarto de siglo después, hasta ahí llega la discusión.

La violación sin queja

Nada de esto es casualidad. Como toda sociedad, la panameña tiene sus propias reglas en cuanto a lo apropiado y lo que no lo es. Estas nociones, que lo abarcan todo, se endurecen particularmente en ciertos casos.

Uno de ellos, por supuesto, es el de la invasión. Su discusión no es kosher pero sí inevitable, por lo que suele subdividirse en temas secundarios que van desde lo relativamente aceptable hasta el tabú. Cada 20-D, la sociedad panameña intenta concentrarse en los primeros y evitar los segundos, esperando a que el reloj termine su recorrido y empuje un poquito más hacia el olvido al tema más incómodo de este país.

El problema, por supuesto, es que esta manera de proceder resulta de muy poca ayuda para la práctica del análisis histórico. Dada la incomodidad general del tema, hasta las discusiones más (socialmente) tolerables son tratadas, en el mejor de los casos, de mala gana. En este sentido, quizá el ángulo por excelencia es el de las víctimas.

Menos de un año después de Causa Justa, voces como la del ex fiscal general estadounidense Ramsey Clark o el programa televisivo 60 Minutes se unían al coro de oenegés panameñas y extranjeras que multiplicaban hasta por 10 los “pocos cientos” de muertos que, según la versión oficial, dejó la operación.

Más de 24 años después, el tema figura prominentemente en la conciencia de muchos panameños —y se discute con más amplitud que ningún otro cada 20-D—, pero nada ha cambiado: la República de Panamá aún no sabe cuántos de sus hijos murieron en la invasión.

La fijación por el número de víctimas, si bien justa y necesaria, tiene el efecto colateral de opacar otras discusiones de naturaleza menos tolerables. Podríamos empezar por el horror de aquella noche en El Chorrillo. El ataque ocurrió por sorpresa, mientras unas 15 mil personas —el 40% menores de edad— dormían, en un barrio sin refugio de ningún tipo.

El bombardeo fue salvaje, tanto que el sismógrafo de la Universidad de Panamá registró 442 grandes explosiones en las primeras 12 horas de la invasión, la mayoría provenientes de El Chorrillo. Unas 4 mil casas fueron destruidas o afectadas en lo que los periodistas extranjeros dieron en llamar “el pequeño Hiroshima”. En una columna de 2004, el hoy fallecido sociólogo Raúl Leis lo comparó con el municipio vasco de Gernika, bombardeado durante la guerra civil española. Ambos casos, escribió, “reflejan la terrible crueldad de bombardear, quemar o destruir una comunidad civil indefensa”.

El Chorrillo, ya lo sabemos, no tuvo un Picasso y sí mucha indolencia. Pero tampoco pasó desapercibido. Las denuncias de Leis reflejan lo que ya se sabía para enero de 1990: que Estados Unidos (EU) había violado flagrantemente las reglas que gobiernan la práctica de la guerra, esencialmente el principio de la proporcionalidad. Crímenes de guerra, para ser más claros. Ya para entonces, sin embargo, los espantosos detalles de lo ocurrido —en El Chorrillo y otros lugares— corrían el riesgo de pasar a segundo plano. Como advirtieron Americas Watch y Human Rights Watch (HRW), “la controversia sobre el número de víctimas civiles no debe oscurecer el importante debate sobre la manera como murieron esas personas”.

Esos miedos se terminaron convirtiendo en realidad. En julio de 1991, HRW denunciaba que “el Gobierno panameño ha ignorado despiadadamente la necesidad de identificar cuidadosamente cada uno de los cadáveres que fueron enterrados de apuro en diciembre de 1989”.

Palabras más, palabras menos, esa sigue siendo la actitud —tanto del gobierno como de la sociedad que lo elige y mantiene en el poder— 23 años más tarde. Panamá fue violada —sádicamente, además— y no se ha atrevido siquiera a lanzar el primer quejido.

Verdades inaceptables: las Contras...

Por controversial que pueda ser, todo lo anterior se encuentra —en mayor o menor medida— en el espectro de temas debatibles cada 20-D. Solidarizarse con el sufrimiento ajeno es políticamente correcto, aun cuando ese sufrimiento se considere justificado.

Para empezar a abandonar ese espectro, sin embargo, es necesario considerar otras cuestiones. Por ejemplo, el porqué de la invasión. Naturalmente, hay una infinidad de respuestas kosher, pero todas suelen circunscribirse a sucesos ocurridos en Panamá o a iniciativas tomadas por ciertos panameños en EU.

Lo cierto, no obstante, es que la invasión —y, de hecho, casi todo lo ocurrido aquí en el periodo 1985-89— tuvo muy poco que ver con lo que sucedía dentro de nuestras fronteras o lo que tal o cual individuo —de Gabriel Lewis a José Blandón— decía o hacía en Washington.

Así de sencillo. Aunque el tema dé para varios volúmenes, se puede sustentar con dos casos relacionados. El primero es de naturaleza contextual. Es absolutamente imposible comenzar a comprender el “Noriegato” sin un entendimiento profundo de todo lo que rodea a la palabra “contras”.

A grandísimos rasgos, podríamos resumirlo así: tras su retirada de Vietnam, Washington fijó su mirada en Centroamérica. Allí, los países entre Costa Rica y México vivían intensos procesos políticos que terminaron en revoluciones o guerras civiles. La más importante de ellas fue la revolución sandinista que triunfó en Nicaragua en 1979.

Temerosos de que la revolución cubana —y, por ende, la presencia soviética— se estableciese en istmo centroamericano, los estadounidenses —léase la CIA— comenzaron a apoyar a las fuerzas rebeldes que se oponían a los sandinistas —llamadas “contras”—, así como a los gobiernos (dictaduras) aliados de la región, que tenían sus propios conflictos internos.

Eventualmente, la guerra entre Managua y las contras se salió de control (tanto en violencia como geográficamente). Entre 1982 y 1984, el Congreso estadounidense limitó severamente el patrocinio a las contras, pero eso no cambió nada. El director de la CIA, William Casey, continuó financiando a sus rebeldes de dos maneras: primero, a través de la venta de armas a Irán (!) —vía Israel (!!)— y segundo, a través de una red que llevaba drogas a EU a través del istmo centroamericano.

Todo esto saltó por los aires en 1985, cuando uno de los escándalos (geo) políticos más perturbadores de la historia estadounidense salió a la luz. Al concentrarse en la venta de armas a Irán —que era entonces como el mismísimo diablo—, pasó a la historia con el nombre “Irán-Contra”.

Sin embargo, la red de narcotráfico fue investigada y expuesta por un joven senador llamado John Kerry, que en 1988 presentó un informe que decía, básicamente, que los niños mimados de la CIA habían convertido a Centroamérica en el hub de las Américas del tráfico de drogas.

Lo anterior es fundamental para Panamá por dos motivos. Primero, porque Manuel Antonio Noriega fue acusado y condenado a prisión por —supuestamente— formar parte de esta red. La pregunta clave de su vida pública, entonces, no es nada relacionado con Panamá sino si colaboró o no con las contras (él dice que no, pero eso es otra historia). En segundo lugar, porque el torrente de drogas introducido por la CIA-contras en EU causó una “epidemia” de drogadicción que afectó profundamente a la sociedad estadounidense, tanto que para finales de 1989, el 43% de sus miembros veía las drogas como el tema más importante de la actualidad. Un año antes, el 3% lo había hecho.

Lastimosamente, aún faltaban siete años para que el periodista Gary Webb revelara la conexión entre las contras y la epidemia de drogas (ver dato). Para 1989, simple y sencillamente, Manuel Antonio Noriega se había convertido en la encarnación de lo que EU consideraba su mayor amenaza: en cierta manera, él era el narcotráfico.

… y la decisión de invadir

Eso nos lleva al segundo caso: la manera como se tomó la decisión de ejecutar la Operación Causa Justa. A Noriega, en realidad, se le alinearon los planetas en contra (en retrospectiva, podemos añadir que él ni cuenta se dio). En parte había sido por su propia culpa —el fracaso de las negociaciones de 1988 y su manejo de las elecciones un año después— y en parte por los incontrolables vaivenes del destino.

Sea como sea, para finales de 1989 el inquilino de la Casa Blanca tenía las drogas como prioridad y llevaba casi un año luchando con una fama de débil —el llamado wimp factor— que amenazaba con descarrilar su presidencia desde el inicio. A la luz de esta última, los sucesos del 3 de octubre —y la vehemencia con la que Noriega metió el dedo en la llaga en los días posteriores— fueron las gotas que colmaron el vaso.

Para ese momento, era seguro que EU iba a invadir Panamá, y lo haría por motivos completamente ajenos a la realidad nacional. Como dijo el entonces asesor de Seguridad Nacional, Brent Scowcroft, en 1999, “quizá buscábamos una oportunidad de demostrar que no éramos un desastre, como decían en el Congreso, o tan tímidos como decían otras personas”.

Pero faltaba algo para completar el panorama. El 11 de noviembre de 1989, los alemanes del este comenzaron a tumbar el Muro de Berlín. Con él cayó el Telón de Acero. Y con este la amenaza soviética. Terminaba un periodo de la historia estadounidense —con su correspondiente cosmovisión—, y Panamá estaba justo en el medio. De golpe se aceleraron dos procesos drásticos. Por un lado las agencias de seguridad de EU, necesitadas de justificación para sus enormes presupuestos, se agarraron a la guerra contra las drogas como si no hubiera futuro. Y por el otro, de la noche a la mañana, la democracia se convirtió en la razón de ser de EU en el mundo.

Panamá, por supuesto, sufrió las consecuencias. Si a principios de octubre Dick Cheney —entonces ministro de Defensa— decía en TV que no querían “rehacer el Gobierno panameño”, el 20 de diciembre la democracia figuraba en segundo lugar en la lista de justificaciones del presidente Bush para Causa Justa.

Al día siguiente ya lideraba el ranking. “Nuestros esfuerzos para apoyar el proceso democrático en Panamá y asegurar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses están entrando en su segundo día”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa.

Así, de recontracarambola, Panamá se convirtió en la primera operación militar post Guerra Fría en tener la democracia como raison d'etre. Mientras algunos panameños se freían vivos, otros abrazaban a los freidores. En todo caso, y aunque nos neguemos a aceptarlo, ninguno de nosotros importaba.

El 20 de diciembre de 1989, EU no solo violó a la República de Panamá. Al hacerlo, comenzó a reescribir los términos de la diplomacia internacional, un proceso que tendría consecuencias profundísimas —y aún vigentes— para ellos, para nosotros y para el resto del mundo.

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