DAN 15 DÍAS DE PLAZO AL GOBIERNO

Arraijaneños dicen ¡basta! a falta de agua

Pese a que el problema del agua potable es de vieja data, la explosión demográfica es un factor que incide en su solución.

La dirigencia del Frente Pro Rescate del Área Oeste y la Coordinadora Victoriano Lorenzo dieron 15 días de plazo al gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, para que resuelva el crónico déficit de agua potable en 33 barriadas del distrito de Arraiján.

En igual lapso de tiempo, indicaron que deberá solucionarse el tema de los apagones eléctricos y la anulación del contrato de concesión para explotar piedra en cerro Cabra, otorgado a la empresa Cantera del Istmo.

Pablo Martínez, secretario del frente, dijo que 13 años atrás el gobierno de turno prometió que el suministro de agua con carros cisterna sería solo por 12 meses. La contratación de carros cisterna para distribuir agua en Arraiján se ha convertido en un “negociado” para favorecer a miembros del partido Cambio Democrático (CD), subrayó.

Según datos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, en este distrito se invierte anualmente $1.3 millón en la contratación de los cisternas.

Por otro lado, insistió en que el Gobierno debe presionar a la empresa Gas Natural Fenosa para que resuelva, de una vez por todas, el problema de los apagones y las indemnizaciones por daños a equipos eléctricos.

Esta semana, el gerente de la distribuidora eléctrica, Ricardo Barranco, dijo que se procederá a instalar una nueva subestación en este distrito, la cual permitirá reducir la cifra de clientes afectados por alguna eventualidad eléctrica.

Las demandas del Frente Pro Rescate del Área Oeste y la Coordinadora Victoriano Lorenzo se dieron durante una marcha que incluyó el cierre, por 20 minutos, de la vía Interamericana.

Pese a que el frente también exigió la anulación del contrato de concesión para la explotación minera en Cerro Cabra, la marcha no contó con el apoyo de residentes de Veracruz.

Desde el 19 de julio pasado, los residentes de Cerro Cabra solicitaron la suspensión provisional del estudio de impacto ambiental que dio el aval para el contrato de concesión expedido por el Ministerio de Comercio e Industrias a la empresa Cantera del Istmo para la extracción de roca en tres zonas de 501.92 hectáreas. La solicitud no ha sido resuelta. El magistrado Luis Fábrega es el ponente de las dos demandas de nulidad interpuestas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por los moradores. (Con datos de Rubén Polanco).

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