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EDICIÓN ESPECIAL

CHIRIQUÍ: Las intenciones manifiestas en la comarca

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En repetidas ocasiones los ministros y autoridades gubernamentales han afirmado con toda seguridad que no existe ninguna concesión en la comarca Ngäbe.

Ayer lo indicó el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, y que por esta razón no es necesario el artículo 5.

Sin embargo, al observar el registro minero del portal del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) la realidad es diferente.

La eliminación del artículo 5 del proyecto de ley que protege la comarca no frenaría la Ley 41 de 1975, que le da derecho al Estado a través de la Corporación de Desarrollo Minero de Cerro Colorado (Codemin) a la explotación del yacimiento de cobre donde hay un estimado de 25 mil millones de libras del mineral rojo.

Este yacimiento es el más grande del país y su exploración data de las décadas de 1950, 1960 y 1970 por parte de múltiples compañías, que lograron avanzar y comprobar la riqueza cuprífera.

Fue en 1932 cuando surgió el interés de explotar el mineral, debido a que un geólogo de la Sinclair Oil Company encontró cobre, sin embargo, el precio del cobre en declive y la oposición en 1979 por la directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura en ese momento, truncaron el proyecto.

El gremio empresarial en conjunto con expertos alertaron de daños ecológicos, no solo a la comarca sino también a la provincia de Chiriquí, la principal productora de alimentos del país y también a Bocas del Toro.

Treinta y dos años después, el anuncio público de la decisión de la actual administración, que estaba dispuesta a extraer el cobre que reposa en las montañas ngäbes, fue motivo de un lobby minero que atrajo a Panamá a una docena de las más importantes mineras transnacionales que visitaron el Mici.

Incluso en este período gubernamental se nombró a funcionarios para la directiva de Codemin, reactivando la histórica corporación que nació en el régimen militar, lo que para el Centro de Incidencia Ambiental demuestra el claro interés que tiene el Gobierno en este yacimiento y de impulsar la industria minera en Panamá.

Otras concesiones

Sin embargo, no es solo la concesión de cerro Colorado lo que está vigente por ley desde 1971 y que quedaría sin efecto al incluirse el artículo 5.

En el portal del Ministerio de Comercio también hay cinco concesiones de exploración en diversas zonas comarcales y las zonas anexas, que según la Ley 10 de 1997 que delimita el territorio ngäbe incluye parte de la provincia de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

En la provincia de Veraguas, en los distritos de Cañazas y Las Palmas, que son mencionados por la Ley 10 de 1997 como zona anexa a la comarca, tiene contrato de concesión con el Estado la empresa Aurífera El Sol, y también la empresa Golden Phoenix Panamá.

Con el proyecto de ley 415, que establecía en el artículo 5 un régimen especial de protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales, los trabajos y proyectos de estas compañías podrían estar en juego.

El régimen de protección norma en su artículo 3 que “se prohíbe la alteración de los cauces, cabezas de río y la apropiación de fuentes de agua tanto dentro de la comarca como en las zonas anexas”.

Hasta el momento esas empresas tienen permiso solo para explorar. Adicional a la ley de Codemin, no hay ningún contrato para extraer o explotar los minerales.

La concesión de Aurífera El Sol es para la búsqueda de manganeso.

Aurífera tienen dos contratos, cada uno por 3 mil hectáreas en La Palma, según el Mici.

Uno de ellos venció en 2010 y está en trámite de prórroga, mientras que el otro venció en enero pasado.

Sin embargo, legalmente no hay nada que le impida a una minera seguir trabajos mientras se resuelve su prórroga.

En la práctica, las empresas continúan sus operaciones hasta tanto se resuelva su trámite de prórroga.

Posterior a la exploración, las compañías deben solicitar al ministerio la concesión para extraer esos minerales.

Las concesiones más recientes otorgadas por este gobierno y que se reportan en el sitio web del ministerio, es la de Golden Phoenix Panamá.

El permiso de estas empresa es para explorar oro en Cañazas, donde antes operaba la mina Santa Rosa, y también para el transporte y beneficio. La concesión está en un distrito que forma parte del área anexa de la comarca y el proyecto de ley 415 aplica para las comunidades ngäbes.

En tanto, las 24 mil 241 hectáreas de concesión que tenía la empresa Cuprum Resources Inc., concesionaria de la minera Bellhaven Copper and Gold dentro de la comarca Ngäbe, fueron declaradas en reserva minera por el Mici el año pasado.

La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara detener los trabajos en la explanada de Chorcha, Soloy, Boca de Balsa, distrito de Besikó y Guariviana, distrito de Kankintú.

El fallo del tribunal de justicia se sustentaba en posibles daños ecológicos y la carencia de estudio de impacto ambiental. Además, la concesión traslapaba con la reserva de Fortuna y el bosque protector Palo Seco.

En tanto, de las 176 solicitudes mineras para obtener contrato de exploración, 25 de estas son para investigar los minerales en la comarca Ngäbe.

De estos 25 trámites que se procesan en el Mici, seis han sido declarados elegibles para obtener concesiones, y con la ley que le da un régimen de protección a la comarca quedarían anulados, es decir no podría otorgárseles la concesión.

El proyecto de ley que protege los recursos mineros de la comarca se da justamente donde están los mayores yacimientos del país.

La Cámara Minera estima en 63 mil 200 millones de libras de cobre como reservas probadas entre cerro Colorado y cerro Chorcha.

Además, en cerro Pelado, una zona anexa a la comarca, en Veraguas, hay un recurso o yacimiento de 115 mil onzas de oro, el cual no se podría extraer de proceder esta ley.

Allanando el terreno

La minera canadiense Corriente Resources está desde finales de 2008 en la comarca ngäbe, reparte ropa y enseres a los indígenas.

Su intención, según indicaron en una entrevista en febrero de 2010 a este diario, es “obtener la concesión de cerro Colorado y luego venderla a una minera con más capacidad.

La chilena Loreta Cubillos, gerente de Corrientes, dijo que solo hacían “un trabajo social” darle información respecto a la minería responsable a los moradores de la comarca y explicarles el potencial minero del lugar donde habitan.

La minera no tiene ningún tipo de concesión y según dijo el ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, en febrero de 2010 no tenían ningún permiso y hasta les pidió que se retiraran, pero destacó que eso era responsabilidad del Ministerio de Gobierno y las autoridades de Migración.

En las manifestaciones del año pasado, los indígenas que se oponen a la explotación denunciaron la presencia de Cubillo y de Don Clarke, vicepresidente de relaciones gubernamentales y comunitarias de la empresa en Panamá.

La entonces ministra de Gobierno, Roxana Méndez, les advirtió, el pasado 23 de febrero de 2011, que en un máximo de dos semanas deberían abandonar la jurisdicción comarcal.

La medida, según un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, era “evitar que personas ajenas al pueblo generen desasosiego y la tranquilidad del pueblo”.

En las protestas de este año, dirigentes indígenas han denunciado que los mineros “chilenos” se mantienen en la comarca.

Alba Pedrol, vocera del Congreso General Tradicional Ngäbe, denunció que además de la integración del artículo 5 exigen a las autoridades que obliguen a los mineros a retirarse.

Luego de alrededor de tres años de la empresa en la comarca, sin realizar ningún trabajo de remoción de tierra alguno, se aprecian los resultados.

La comarca está dividida entre un grupo que pide el 50% de la concesión de cerro Colorado y otro que se opone. En el primer debate de la ley que daba un régimen especial a la comarca y prohibía la minería y proyectos hidroeléctricos se presentaron grupos pidiendo eliminarla y la calificaron como “ley del hambre”.

Además, se creó una asociación en la comarca a favor de la minería llamada Jadran Nigwe Nirien Nwaire Ngäbe. Esta asociación reclama “los derechos y beneficios que tiene el pueblo ante la explotación minera”.

Su actual presidenta, Adriana Sandoya, fue entrevistada por este medio antes de conformarse la asociación.

En un evento de minería, la Embajada de Canadá en la capital panameña en 2010 dijo que no apoyaba la minería, pero estaba interesada en escuchar las capacitaciones.

Noticias internacionales de 2008 también vinculan a Don Clarke y a la empresa Corriente Resources que llevaron a confrontaciones a comunidades indígenas y campesinas en Ecuador, país donde extraen minerales.

División en la comarca y dirigentes no reconocidos

La comarca indígena Ngäbe Buglé, compuesta por más de 150 mil personas, está dividida entre quienes siguen a las autoridades tradicionales y las que siguen a las electas.

Además, hay un grupo que apoya el desarrollo minero influenciado por personal de la minera canadiense Corriente Resources, que ha entrado a la zona indígena a promover la minería responsable. Esto ha formado dos bandos, a favor y en contra de la explotación. Para algunos analistas, esto es la médula de las actuales diferencias con las autoridades gubernamentales.

El Gobierno reconoce como autoridades legítimas a las electas; es decir, a Edilberto Sánchez, como presidente del Congreso General de la comarca Ngäbe Bugle, pero para el pueblo quienes los representan son las autoridades tradicionales.

Las autoridades tradicionales, como Alba Pedrol y otros dirigentes, son quienes piden la inclusión del artículo cinco en el proyecto de ley de protección a la comarca y son las que en su mayoría se encuentran en las calles. Los indígenas no se sienten representados con Sánchez y alegan que Celio Guerra es su único presidente.

Pedro Guerra, el presidente saliente del Congreso, alega que el pueblo ngäbe habló a través de las votaciones.

Esas elecciones del 9 de septiembre de 2010 se dieron en un ambiente tenso y de alto abstencionismo.

Sánchez salió electo solo con el 27% de los votos, porque los dirigentes indígenas convocaron a su pueblo, unos 56 mil votantes, a que dejara la papeleta en blanco.

Los nativos no votaron porque estaban disgustados con la modificación de este gobierno a la Carta Orgánica Administrativa de la comarca y con esto se habilitó al Tribunal Electoral para que organizara las elecciones.

Según los dirigentes, la intromisión tenía el fin de que los nuevos cargos influyeran en las decisiones de los recursos naturales de la comarca.Raúl Hernández, presidente de la Comisión de Comercio, informó que fueron los dirigentes reconocidos por el gobierno, entre ellos Edilberto Sánchez, los que pedían que se retirara todo el proyecto de régimen especial de protección a la comarca que se encuentra en la Asamblea.

El argumento de Sánchez era que el congreso tenía que revisar artículo por artículo debido a que se incluyó una prohibición a los recursos forestales e hídricos.

“Las electas son las formales y máximas autoridades de la comarca, quienes pidieron la discusión del proyecto”, afirmó Hernández.

Pero la Comisión decidió aprobar el régimen especial, aun cuando las autoridades electas pidieron su retiro, pero eliminando el artículo cinco por falta de consenso ni siquiera en las discusiones que demoraron tres meses en la Comisión entre diputados e indígenas.

MARY TRINY ZEA C.

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