Centro penitenciario NUEVA ESPERANZA

Colón tiene la cárcel más peligrosa del país

Desde su creación en 1996, este centro penal ha sido teatro de violentas y mortales reyertas entre reclusos de bandas rivales

Nueva Esperanza, el centro penitenciario de la ciudad de Colón creado en 1996, puede calificarse como la cárcel más peligrosa del país por encima de La Joya y La Joyita, en las afueras de la ciudad de Panamá, la cual solo sumó cuatro decesos.

Tan solo el año que acaba de transcurrir dejó un saldo de ocho reclusos muertos en diversas reyertas.

Este penal, que fue adaptado a las antiguas instalaciones industriales de la extinta Comisión del Canal en Mount Hope, se encuentra a la fecha sin un director desde que su titular, el abogado Cristóbal Góndola, salió y le fue encargado a una antigua funcionaria de custodia.

Gran parte de las muertes acaecidas aquí han sido por armas de fuego. La introducción de estos instrumentos de muerte, la ocurrencia de reyertas y la falta de nombramiento de un titular para este penal son fallas que cuestionan los familiares de los detenidos, quienes claman porque la dirección nacional del Sistema Penitenciario atienda con urgencia este reclusorio.

Infrahumana

Al hacinamiento permanente, ya que su capacidad original era de mil 092 internos y ahora la pueblan mil 500, se suma la pésima condición sanitaria que viven los privados de libertad.

Además, no hay transporte para movilizarlos hacia las fiscalías y juzgados donde deben cumplir con diligencias judiciales.

Marylín Beltrán, familiar de un detenido, en tono enérgico y angustiada por las situación de violencia e inseguridad que se vive en Nueva Esperanza exigió a las autoridades investigar a fondo cuál es la procedencia y entrada de las armas de fuego. “El Gobierno debe castigar a los responsables de meter armas, pero nadie dice ni hace nada, y los muertos, muertos se quedan”.

Todo familiar que desea visitar a un preso es sometido a una revisión prolija de pies a cabeza antes de ingresar al penal. Por tanto, nada ilegal ni prohibido puede entrar, lo que exonera a los familiares de ser quienes introducen pistolas, platinas o puñales. Los únicos que quedan por ser investigados son los custodios y policías.

Gobernador

Pedro Ríos, gobernador de la provincia, atribuyó la excesiva violencia dentro del penal a las rivalidades entre bandas, donde se acentúa un libertinaje que aprovechan los que comandan estos grupos delictivos y que terminan por disponer de la vida de los detenidos.

Ríos no descartó que la culpa del ingreso de armas al penal se deba a la corrupción de custodios y policías, a los que, afirma, de comprobarse su responsabilidad, se les debe castigar con energía.

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