CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dan validez a hidroeléctrica Barro Blanco

El estudio de impacto ambiental del proyecto Barro Blanco fue declarado legal por la Sala Tercera.

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Los indígenas ngäbe buglés llevaron a cabo manifestaciones en las afueras de la Corte Suprema de Justicia para exigir se resolviera la demanda. LA PRENSA/Archivo. Los indígenas ngäbe buglés llevaron a cabo manifestaciones en las afueras de la Corte Suprema de Justicia para exigir se resolviera la demanda. LA PRENSA/Archivo.
Los indígenas ngäbe buglés llevaron a cabo manifestaciones en las afueras de la Corte Suprema de Justicia para exigir se resolviera la demanda. LA PRENSA/Archivo.

Los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé perdieron una batalla legal por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se construye en las riberas del río Tabasará, en Tolé, Chiriquí, desde el 16 de febrero de 2011.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dio validez al estudio de impacto ambiental (EIA) categoría III, aprobado para la construcción de la hidroeléctrica el 9 de mayo de 2008 por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

El fallo, del 31 de julio de 2014, tuvo como ponente al magistrado Víctor Benavides, que negó una demanda interpuesta en 2011 por cuatro dirigentes ngäbe buglés, en reclamo de la nulidad del EIA.

Benavides declaró legal el EIA, pues, de acuerdo con su criterio, la Anam cumplió con la participación ciudadana establecida en la ley. La consulta pública fue el 8 de febrero de 2011 en la escuela Veladero, en Tolé, pero solo en idioma español.

El magistrado indicó que se cumplió la formalidad de la consulta pública, pues a pesar de que reconoce que los indígenas hablan otras lenguas, el castellano es el idioma oficial utilizado por los poderes públicos ordinarios y las autoridades comarcales.

Benavides alegó que hay documentos que confirman que “la cacique de la comarca Ngäbe Buglé (Silvia Carrera) certificó haber comunicado a los miembros de la comunidad sobre la ejecución del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco”.

Según Benavides, lo anterior demuestra que se cumplió con la participación ciudadana, sin que el uso de un idioma u otro impidiese la comunicación.

Pese a no ser de su atribución para esta demanda, Benavides recordó en el fallo que “el Órgano Ejecutivo tiene la obligación de hacer las gestiones necesarias para compensar a la comunidad indígena y garantizar a estos los beneficios que resulten del desarrollo del proyecto”.

El fallo concluye declarando legal el EIA y no accede a la petición de nulidad. La decisión de Benavides fue avalada por el magistrado Luis Ramón Fábrega, mientras que Abel Zamorano hizo un salvamento de voto al no estar de acuerdo con sus otros dos colegas.

Este medio llamó al celular de la cacica de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, pero no respondió los mensajes.

También se llamó al abogado Félix Wing, que presentó la demanda en 2011, y tampoco respondió.

El 17 de octubre de 2011, la Sala Tercera negó la petición de los indígenas de suspensión temporal del EIA.

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