Manglares y humedales

Pagos legales acaban con medio ambiente

En la provincia de Chiriquí preocupan los permisos que se otorgan para talar extensas áreas boscosas.

La “indemnización ecológica” que recibe la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) por permitir la destrucción del medio ambiente para autorizar proyectos habitacionales y comerciales es catalogada como “perversa” por grupos ambientalistas, quienes aseguran que en nada compensa el daño que se le hace a la naturaleza.

Recientemente, en el área de cerro Las Huacas, en Boquete, se talaron 60 hectáreas, pero las autoridades de la Anam dijeron que se cumplió con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que en el lugar autoriza la construcción de una urbanización y de actividades comerciales.

La directora regional encargada de la Anam, Eneida Palma, afirmó que este proyecto tiene cuatro EIA, además de un plan de rescate de fauna y flora.

Sin embargo, para muchos chiricanos estas reglamentaciones no son más que medidas para ir en contra de un patrimonio natural que hay que cuidar.

Damaris Sánchez, de la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de Ecosistema de Panamá, comentó que esos incentivos que se dan no miden en realidad los verdaderos costos del ambiente, y no compensan los daños en los que se incurre.

COSTOS

Al respecto, la directora regional de la Anam señaló que los pagos se hacen basados en la Resolución No.235 del año 2003, que regula las tarifas para el pago en concepto de indemnización ecológica, para la expedición de los permisos de tala rasa, eliminación de sotobosques y formación de gramíneas que se requieran para ejecutar proyectos o para el desarrollo de infraestructuras y edificaciones.

Dijo que, por su naturaleza, hay proyectos, como las hidroeléctricas, en donde sus promotores deben pagar $10 mil por hectárea para el área de manglares o humedales, $5 mil por la hectárea de bosques primarios, $3 mil por hectárea de bosque secundario, y $500 por la hectárea de gramíneas o herbazales.

Para el presidente de la Asociación para la Conservación de la Biosfera, Ezequiel Miranda, en muchas ocasiones se ha encontrado que los grandes proyectos urbanos y comerciales no respetan el medio ambiente, sino que lo van destruyendo poco a poco, “por el poder que se le otorga al pagar por la indemnización”.

En su opinión, “desafortunadamente” la Anam es una institución donde después que se pague, se puede cometer cualquier delito ecológico.

Jair Urriola, abogado ambientalista, sostuvo que la indemnización ecológica se deriva de uno de los principios rectores del derecho comunitario del medio ambiente, en donde “quien contamina paga”.

La directora regional de la Anam insistió en que las obras se inspeccionan para que el promotor se ajuste a los términos acordados.

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