GOBIERNO

Acerca de la ´populachería´: Domingo M. González

Entendida como: “fácil popularidad que se alcanza entre el vulgo halagando sus pasiones”, permite al pensante comprender las actuaciones politiqueras del gobierno de turno, así como de los anteriores. Al parecer, injusta definición, toda vez que la misma no se limita al vulgo; igual halago y complacencia sucede entre ilustrados como entendidos. Igual que el actual, todo gobierno hace uso de ella para enmascarar sus desafueros y desalentar el disentimiento. Pareciera que el criollo fue un buen discípulo de la codicia y avaricia inserta en la transculturación, como del talante requerido para el maniqueo de la miseria e ignorancia ante la complacencia de esta.

En democracias y dictaduras latinoamericanas, la “populachería” es prepuesta, aclamada y popularizada, por su efecto conductista. Igual ocurre con el “Señorío del siglo XXI” latinoamericano del cual Panamá no escapa.

Defenestrada la dictadura en 1989, pocos advertimos que esta había incubado la “indigencia moral” que padece hoy gran parte de la sociedad. Sanear y ordenar las finanzas del Estado hasta lograr hacer al país nuevamente sujeto de crédito, como consecuentemente hizo el gobierno de Endara, constituyó una burla a la indigencia moral que añoraba el reencuentro con la añorada “populachería”.

La “populachería” no juega con la dignidad de la nación; esta se complace, al punto que aquella no distingue ilustrados de iletrados, ignorantes de entendidos, ricos de pobres, clasistas y advenedizos. Como se observa, actitud más que aptitud es el escenario. El inmoral y recíproco desparpajo mostrado por la última “populachería” en la avenida A montada por un advenedizo del Legislativo y su complaciente multitud es muestra de ello.

Lo dijo José Ingenieros en su Hombre mediocre: “Cuando las miserias morales asolan un país, culpa es de todos los que por falta de cultura y de un ideal no han sabido amarlo como patria; de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella”.

Es improbable para quienes padecen la aludida indigencia, advertir que $20.00 enmascarado como beca universal y/o los $100 prodigados como auxilio a los “no jubilados” adultos de 70 años, lleva implícito hipotecar o preponer la voluntad del voto a quien lo prodigó. ¿Qué persigue entonces la disputa Martinelli-Varela por la autoría de estas “populacherías” además de la voluntad del voto?

Al respecto, no hay ambivalencia pública entre el hogar y escuelas, padres e hijos, letrados e iletrados, maestros y profesores, catedráticos y rectores. Ninguno advierte que la mal llamada “beca universal”, además de infiltrar la politiquería en la educación, se ha elevado sobre aquellas que señala el Capítulo V del Título III de la Ley 47 Orgánica de Educación, que establece quién las da, a quiénes se les da, por qué se da, cómo se da, por cuánto se da, y cuándo o cómo se pierde. ¿Si la “populachería” se empina sobre la ley con la complacencia del docente, quién dignificará entonces a la educación?

La “populachería” del señorío del siglo XXI está planteada aquí y allá. Su propósito es: “No hábito de estudio y no amor al trabajo. Rechazar $20.00 de la aviesa beca universal”, para exigir respeto a la patria potestad y el deber constitucional de los gobernantes de dar a la nación una educación democrática, integral, efectiva y gratuita, conjuntamente con una política nacional de alimentación y nutrición es quimérico.

Objetar los $100 para exigir o proponer a cambio “salud a los 70” es inimaginable. ¿Por su condición de “no jubilado”, no es mejor subsidiar la salud de este sector de la sociedad?

Sanidad y sanidad civil es deber constitucional del Estado. ¿A cuánto asciende la inconstitucional cuenta por cobrar que mantiene abierta el Hospital Santo Tomás y centros de salud públicos por servicios y atención médica brindados a la nación que no dispone de un “seguro de vida privado” y que por no ser allegados al poder, cada vez que requiera y reciba un servicio de salud pública, su deuda se va incrementando?

¿Cuánto de estos deudores tienen 70 años? Cerrar la aludida e inconstitucional cuenta por cobrar a la nación por servicios de salud recibidos en derecho y trasladar el saldo a una cuenta por cobrar al Estado no constituye “populachería”. Subsidiar con dinero del Estado a una empresa privada que monopoliza el transporte público, con el fin de garantizar sus ingresos, sí lo es.

No hay gobierno de locos. Quienes padecen de indigencia moral, ignorancia e indiferencia general, constituyen terreno fértil para un gobierno cursi y chabacano como el actual.

¿Cuál es la óptica entonces?

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