MALA ADMINISTRACIÓN

El Acuerdo No. 398 de la Corte Suprema de Justicia

La mala administración de justicia que existe en nuestro país es un hecho público y notorio, como se infiere de las noticias que –diariamente– recibimos de los medios masivos de comunicación social, sobre la corrupción, la inseguridad jurídica, la impunidad, la arbitrariedad y la injusticia que aqueja al sistema judicial panameño.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, dictó el Acuerdo No. 398 de 8 de mayo de 2009, mediante el cual se autoriza a su presidente, Harley Mitchell, para solicitar a la Sala Cuarta de Negocios Generales autorización para la suspensión del funcionario judicial que haya cometido una falta disciplinaria o ética grave.

En principio, se podría considerar que tal medida es positiva y saludable. Sin embargo, opino que dicho acuerdo no constituye la fórmula más adecuada y efectiva para solucionar tan grave y destructivo problema nacional, dado que, en la forma en que muchos jueces y magistrados han arribado al Órgano Judicial, es decir, por amiguismos, compadrazgos, influencias o canonjías políticas, el acuerdo en referencia se prestaría para que la cuerda se rompa por la parte más delgada, o sea, por los funcionarios judiciales de las estructuras más inferiores del Órgano Judicial, cuando lo cierto es que el problema de la mala administración de justicia es un asunto que abarca estructuralmente a todo el ente.

De allí que no se puede excluir a los tribunales superiores y a la propia Corte Suprema de Justicia del problema en mención, por cuanto en estos tribunales también es posible que existan ciertos funcionarios que no cumplen –en forma seria, honesta, objetiva, capaz y responsable– sus delicadas funciones públicas.

Estos tribunales “colegiados”, figurativamente, podrían compararse con máquinas obsoletas u oxidadas, cuyos engranajes no operan con la eficiencia y la eficacia de nuestro Canal interoceánico, donde los barcos cruzan las esclusas con la mayor rapidez posible, por cuanto en estos altos tribunales “colegiados” cada magistrado representa una esclusa, donde en caso de un interés personal, impropio e inconfesable que eventualmente determinado magistrado pueda tener en un proceso en particular, el expediente se mantiene paralizado o simplemente engavetado al llegar a sus manos, comportamiento éste que –desde cualquier punto de vista– se traduce en una enorme, intolerable y reprochable injusticia, sin descartar que el mismo pueda responder simple y sencillamente a un acto de corrupción.

Por tales razones, tengo el firme concepto de que el acuerdo de marras no es más que una simple “curita” con la que –supuestamente– se pretende evitar y/o controlar la ineficiencia, la morosidad, el tráfico de influencias, la corrupción, la arbitrariedad y la injusticia que, inveteradamente, reinan en nuestro Órgano Judicial. No podemos olvidar que la propia Corte tiene el récord negativo e insuperable de haberse demorado 20 años para resolver una demanda de inconstitucionalidad. Resulta evidente entonces que el problema que nos ocupa requiere de acciones más profundas y radicales que un simple acuerdo de la Corte.

En síntesis, la mala administración de justicia en Panamá representa otro problema más de Estado cuya solución debe liderar el propio presidente electo Ricardo Martinelli, con la ayuda de la sociedad civil organizada y el respaldo de una Asamblea Nacional patriótica, quienes podrían promover y crear de una vez por todas un Tribunal Constitucional, que por supuesto debe ser jerárquicamente superior a nuestra Corte, pues como públicamente lo declaró el insigne y extinto jurista panameño Dr. César Quintero (q.e.p.d.), nuestra Corte concentra un poder extremadamente excesivo, por cuanto a ésta le toca conocer y decidir todos los negocios jurídicos, públicos o privados, más trascendentales para el desarrollo socio-económico y político del país.

En fin, debemos impedir que nuestra administración de justicia acabe totalmente retratada en el pensamiento del poeta chileno Vicente Huidobro, quien sobre el sistema judicial de Chile, en 1925, dijo: “La justicia de Chile haría reír, si no hiciera llorar. Una justicia que lleva en un platillo de la balanza la verdad y en el otro platillo, un queso. La balanza inclinada del lado hacia el queso. Nuestra justicia es un absceso putrefacto que empesta el aire y hace la atmósfera irrespirable. Dura e inflexible para los de abajo, blanda y sonriente con los de arriba. Nuestra justicia está podrida y hay que barrerla en masa. Judas sentado en el tribunal después de la crucifixión, acariciando en su bolsillo las 30 monedas de su infamia, mientras interroga a un ladrón de gallinas. Una justicia tuerta. El ojo que mira a los grandes de la tierra, sellado, lacrado por un peso fuerte y solo abierto el otro que se dirige a los pequeños, a los débiles”, (Matus, Alejandra. El libro negro de la justicia chilena. 1999. Página 187).

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