INJUSTICIA EN UN ESTADO POLICÍACO

Agravios al sacerdocio de la abogacía: Carlos M. Herrera Morán

En los últimos tiempos, debido a mis actividades gremiales y profesionales, he tenido la oportunidad de conocer un sinnúmero de arbitrariedades, abusos y atropellos que se han cometido en detrimento de varios abogados litigantes, lo que –a todos luces– desdice de la existencia en Panamá de un verdadero Estado democrático de derecho. A este respecto, me pregunto: ¿Si en contra de profesionales conocedores de la ley ocurren estos desmanes gubernamentales, qué podríamos esperar que pase en contra del humilde pueblo panameño?

Sobre tales vilipendios al sacerdocio de la abogacía, valga traer a colación algunos, a saber:

Recientemente, un reconocido y beligerante abogado de la localidad fue “multado” por un Tribunal Superior de Justicia, por haber interpuesto una “solicitud de aclaración de sentencia” que, a pesar de ser un recurso o acción legal que permite el Código Judicial, a juicio del mencionado Tribunal, la misma se promovió con fines meramente “dilatorios”.

Ciertamente, en muchísimos casos esta y otras clases de acciones legales las interponen los abogados con el mero objetivo de dilatar o demorar los procesos judiciales, incluso la cometen impropiamente fiscales y personeros del Ministerio Público, lo que –a mi juicio– merece el firme rechazo de todos los que intervenimos en el sistema judicial; sin embargo, repudio –enérgicamente– que en la práctica solo se multe o sancione a los abogados humildes de este país, pues es un hecho conocido, y hasta escandaloso, que las grandes y poderosas firmas de abogados apelan, constantemente, a toda clase de mecanismos procesales, con el único y avieso fin de dilatar o demorar, per saecula saeculorum, los procesos en donde el derecho, la justicia y la razón no están de parte de sus clientes, esperando el momento oportuno de revertir esta situación, a través del tráfico de influencias y la corrupción, lo que –por regla general– casi siempre logran.

En esos casos de “alto perfil”, no es sorprendente ver que jueces y magistrados asumen una actitud permisiva, tolerante y sospechosa, hasta el punto que la misma podría calificarse de “cómplice”, lo que podría tener como trasfondo verdadero la consabida corrupción pública que tanto daño le está haciendo a Panamá.

Con relación a esa práctica nefasta, normalmente, no se produce ningún tipo de consecuencia legal, en contra de las poderosas y plutocráticas firmas de abogados ni en contra de los jueces y magistrados que no resuelven los casos dentro de los términos legales (art. 518 del CJ), a pesar de que el artículo 316 del Código Judicial establece que los mismos deben ser multados por sus superiores jerárquicos con un balboa (B/. 1.00), por cada día de morosidad. Si las normas jurídicas citadas se cumplieran y no fueran, como lo son, letra muerta en el Código Judicial, el Estado recaudaría una fuerte suma de dinero (que podría invertirse en la salud pública), y se terminaría o reduciría, significativamente, la mora judicial.

Asimismo, otra prominente y destacada abogada litigante fue víctima en un juzgado de una práctica tribunalicia ilegal y arbitraria, misma que ha implementado la mayoría de los despachos judiciales, consistente esta en que los abogados o las partes interesadas del proceso judicial de que se trate, únicamente pueden sacar fotocopias de las constancias procesales solo dos (2) días de la semana, dentro de un horario establecido, práctica contra legem que tanto los secretarios como los jueces aplican, sin excepción –en perjuicio del recto ejercicio de la abogacía– en una forma “lapidaria”, sin importarles en lo más mínimo si las fotocopias se piden para una diligencia inmediata o urgente, e ignorando completamente lo dispuesto en el artículo 483 del Código Judicial.

Finalmente, resultan muy preocupantes los abusos y atropellos que se han cometido en contra de las personas y sus abogados que intervienen en diligencias de allanamientos que ejecutan agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional, en donde los policías insultan, atropellan y maltratan a los abogados y a sus clientes, todo lo cual ocurre a ciencia, paciencia y complacencia de los agentes del Ministerio Público, lo que demuestra que estamos transitando -progresiva y peligrosamente- hacia un Estado policíaco, donde renacerán los nuevos “dobermans”, “pumas”, “machos de monte”, “codepadis”, etc. de la posdictadura, y en donde los fiscales y demás agentes del Ministerio Público serán una especie de alguaciles o carceleros de mínima entidad cualitativa, desde el punto de vista de su autoridad e importancia, como ocurría en el siglo XV, cuando regían en Panamá las Cartas y Reglamentos de los Reyes Católicos.

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