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MASCARADA PARA EL SAQUEO

Alimentación escolar: Carlos Guevara Mann

Alimentación escolar: Carlos Guevara Mann Alimentación escolar: Carlos Guevara Mann
Alimentación escolar: Carlos Guevara Mann

A pesar de la modernización y el crecimiento económico, nuestras sociedades aún enfrentan serios problemas nutricionales. Uno de ellos es la desnutrición.

Según las cifras más recientes, la baja talla por edad, un indicador de la prevalencia de desnutrición crónica en una sociedad, afecta al 15.9% de los niños menores de cinco años en Panamá y al 13.2% en Colombia (La Estrella, 5 de julio; Dinero, 30 de mayo). Esta prevalencia, de por sí alta, es significativamente superior entre poblaciones marginadas, particularmente en las áreas indígenas.

Entre los programas ideados con el fin de mejorar la nutrición, sobresale la alimentación escolar. Aun cuando no corrige las insuficiencias causadas por una ingesta deficitaria de alimentos en etapas anteriores, contribuye a mantener y mejorar los niveles nutricionales de los niños en edad escolar.

Atrae a los niños a la escuela, particularmente en áreas deprimidas. Atiende sus necesidades alimentarias, proveyéndoles las calorías y micronutrientes que necesitan para continuar su desarrollo físico y cognitivo. Les proporciona condiciones aptas para el aprendizaje, promoviendo un mayor aprovechamiento de la experiencia educativa.

La alimentación escolar tiene larga trayectoria. Los primeros programas, creados como iniciativas filantrópicas, fueron implementados en Europa. A principios del siglo XX, un buen número de países europeos ya los había institucionalizado.

En América Latina, algunos de los primeros programas se establecieron en Costa Rica (1905), Argentina (vaso de leche, 1906), Chile (1929), Colombia (1941), República Dominicana (1943) y Brasil, en la década de 1950. En Panamá, la Ley No. 35 de 1995 institucionalizó el desayuno escolar (vaso de leche, galleta nutricional y cremas enriquecidas) en los planteles estatales.

Su impacto social y la particular vulnerabilidad de su población beneficiaria –constituida por niños, cuya protección está especialmente encomendada al Estado– hace de la alimentación escolar una intervención muy sensible. Por tal motivo, el descubrimiento de graves irregularidades en los programas alimentarios nacionales ha producido enorme indignación.

Según El Tiempo (19 de agosto), una inspección de la Defensoría del Pueblo de Colombia “confirmó la presencia de frutas podridas, alimentos con presencia de bacterias y materia fecal, utensilios contaminados, porciones de comida miserables y explotación laboral en colegios de La Guajira, Atlántico y Chocó”. Las irregularidades son particularmente graves en La Guajira, cuyo serio problema de desnutrición infantil “ha conmovido a Colombia” (Defensoría, 10 de agosto).

Según las informaciones divulgadas, algunos concesionarios privados, quienes obtienen contratos de suministro de alimentos a través de conexiones políticas, desvían recursos de dichos contratos hacia el financiamiento de campañas electorales y otras actividades particulares.

Al respecto, el defensor Jorge Armando Otálora declaró: “Es hora de que los organismos de control reaccionen, para que estas personas que financian campañas con dinero de la alimentación de los niños, estén donde deben estar, en la cárcel, inhabilitados, por fuera de sus carreras políticas” (El Espectador, 10 de agosto).

En Panamá (donde la Defensoría del Pueblo ni protege ni promueve los derechos humanos), el gobierno anterior creó el Programa de Merienda Escolar con el ostensible propósito de reforzar la seguridad nutricional de miles de estudiantes (Presidencia de la República, 1 de julio de 2013). Investigaciones periodísticas y averiguaciones del Ministerio Público han revelado que el supuesto objetivo no era más que una mascarada para disimular un saqueo al erario de proporciones descomunales.

Según La Prensa (23 de agosto), el Programa de Ayuda Nacional (PAN) desembolsó $60 millones por dos contratos de comida deshidratada. El fabricante, la compañía brasileña Prativita Nutricionales Ltda., recibió $17.5 millones. El remanente –$42.5 millones– se pagó en “comisiones” y “consultorías” a personajes bien vinculados.

Para rematar, la sopa y el arroz con pollo deshidratados que distribuía el PAN contenían residuos de vidrio. Además, su fecha de caducidad había expirado, todo lo cual causó intoxicación a los niños que consumieron la publicitada “merienda escolar” (La Prensa, 18 de diciembre de 2014).

“Nada hay tan común y tan natural”, sentenció Maquiavelo, “como el deseo de adquirir”. En un ambiente de grosera rapacidad, la codicia maquiavélica no se detiene ni siquiera ante los derechos humanos de los niños, cuyo bienestar está encomendado, con particular esmero, al Estado.

Muchos de estos menores, como hemos visto, enfrentan graves situaciones nutricionales. Semejante burla a sus necesidades alimentarias merece un castigo severo y una sanción social ejemplar.

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