CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Anatomía de una sociedad ‘offshore’: Ramón A. Mendoza C.

A raíz del escándalo denominado Panamá Papers, han surgido expertos en sociedades offshore hasta debajo de las piedras, todos opinan y especulan. La mayoría de ellos, incluyendo a muchos periodistas que festinan con el caso, carecen de conocimientos sobre la legislación societaria y los mecanismos legales y administrativos que involucran tales sociedades. Incluso, los propios afectados han cometido errores conceptuales que aumentan el morbo que ha generado el término offshore. Creo conveniente aclarar algunos puntos.

1. Las sociedades una vez constituidas no son de la firma o del abogado que las constituyó, al referirse los colegas afectados públicamente a “sus sociedades”, dan la impresión de que tienen control sobre las mismas. Una vez constituidas y vendidas, le pertenecen a terceros, que nunca son los abogados que la constituyeron. Su constitución no implica control.

2. Las sociedades se entregan vírgenes, es decir, tan desnudas como nace el ser humano. No tienen activos, casi nunca capital pagado, no nacen con cuentas corrientes, depósitos ni propiedades.

3. Las firmas de abogados locales tienen corresponsales, franquicias o representantes a quienes se les solicita la sociedad. Esto no es algo nuevo, todas las firmas corporativas del mundo se manejan de esa forma.

4. Normalmente, los corresponsales o “franquiciarios” son entes conocidos por las firmas locales y sus relaciones son de vieja data. Es difícil romper tales relaciones, por una razón: se procura mantener la respetabilidad de ambos extremos, pues entre más grande la firma, más tiene que perder ante situaciones oscuras.

5. Hasta hace algunos años no había exigencias legales para proveer información cierta o razonable del destino final de la sociedad. Se confiaba en el corresponsal. El sistema legal panameño está exigiendo, ahora, extrema acuciosidad al sistema bancario, reforzada y extendida a otros entes no financieros, incluyendo a los abogados mediante la Ley 23 de 2015.

6. Una vez entregada la sociedad, si esta fuese utilizada para evasión fiscal, por ejemplo, serían los abogados y contadores del país afectado quienes elaborarían la estrategia legal o ilegal para evadir la tributación, no los agentes residentes ni los abogados panameños, por una simple razón: no son expertos en temas legales o fiscales de otras jurisdicciones, y ningún abogado serio se atrevería a solventar situaciones de tal complejidad sin conocer el campo legal a pisar.

7. Una vez diseñada la estrategia de evasión (o de lavado, si fuese el caso), son los abogados y contadores del país afectado los que crearán y proporcionarán los medios materiales (contratos, documentos, etc.), casi siempre “legales” (de allí la observación del presidente Obama) y activarán sus contactos en entes financieros (banco, corredores de bolsa, fondos, administradores de fideicomisos, etc., en otras jurisdicciones) para surtir las operaciones financieras, muchas de ellas altamente complejas.

8. A los agentes residentes o abogados locales les resulta extremadamente difícil, aun estirando al máximo la due diligence (debida diligencia), calificar la legalidad o no de una operación originada, diseñada y surtida en otra jurisdicción, pues prima facie son legales. El trabajo de depurar y decantar tales operaciones es labor de las agencias fiscales y policivas de cada país, no de los abogados locales.

9. Ante tal panorama, no se puede otorgar y ningún abogado corporativo puede dar garantía absoluta de que alguna de tales operaciones sean ilegales o esté en un páramo gris, entre lo legal e ilegal. Eso lo pueden determinar los expertos del país afectado, sin embargo, se les escurren y pretende culpar a quienes no han participado de manera directa en la urdimbre ilegal o evasiva.

10. El abogado local recibe instrucciones de sus clientes para realizar gestiones normalmente inocuas, como registrar actas, poderes, cambios de directivas, etc. El local ni ordena, gestiona ni participa en la toma de decisiones corporativas; realiza un mero trámite secretarial.

En Panamá y otras partes del mundo, las firmas, abogados individuales, e incluso no abogados, constituyen y venden sociedades desde hace décadas. Los países afectados deben espulgar en sus entrañas y procesar a sus nacionales, verdaderos artífices de las operaciones oscuras con offshore, bien de Panamá o de otras jurisdicciones. Si localmente se comprobase la efectiva participación de ciudadanos, es evidente que, en aras de la imagen de Panamá, ellos deben ser sancionados. Los Papeles de Panamá son la pantalla de algo diseñado contra el país, no contra la firma afectada. Es una excusa para justificar las fallas de sus entes fiscalizadores. Los políticos, apoyados por la vorágine mediática, procurarán sacar provecho y desviar la atención de los graves y serios problemas que enfrentan ellos y sus países.

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